Para transitar de la democracia representativa a la participativa y que los ciudadano consensen con sus autoridades municipales la asignación y ejecución del presupuesto anual, para que den respuesta reales a las necesidades de la comunidad el senador de la república Benjamín Robles Montoya propuso este martes ante el pleno senatorial fortalecer los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y es que argumentó que la participación de la ciudadanía no puede ser agotada con en el simple acto de depositar, cada periodo electoral, el voto en la urna. Bajo este entendimiento, el esquema de presupuesto participativo representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano, uno que contribuye a robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción de gobierno fundamental como es la asignación del presupuesto.
Por lo que, Robles Montoya propuso al Pleno del Senado de la República que “para empezar a caminar en este sentido, y sin que esta prerrogativa del ciudadano esté sujeta a los caprichos de la administración en turno, resulta indispensable consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la asignación del presupuesto. Sólo a partir de una adición al Artículo 35 de la Carta Magna podremos garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en una de las acciones de gobierno fundamentales, profundizando los principios de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos; un derecho fundamental de toda sociedad moderna”.
A consideración del senador de Oaxaca para transitar de un esquema de democracia representativa a uno de democracia participativa, donde la facultad de la ciudadanía de participar de manera directa en los procesos de toma de decisiones se vea robustecida, es imperativo que desde el Poder Legislativo se den los primeros pasos, que sea a través de esta soberanía a través de las reformas necesarias se construyan los cimientos que alienten a un nuevo diseño institucional, un institucionalismo ciudadano, horizontal y participativo.
Argumentó que este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades, a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sectoriales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del Estado mediante la participación de la gente.
Un mecanismo, dijo, que no sólo combina, en el ámbito municipal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas.
Por lo que, puntualizó que es imperativo abandonar la concepción tradicional de que el presupuesto es algo meramente técnico, que sólo puede ser abordado por profesionales, y considerarlo como algo esencialmente político en el que todos y cada uno de nosotros estamos involucrados.
En ese sentido, insistió en que es necesario propiciar que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore sus demandas, escoja las prioritarias y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales acciones, democratizando las partidas presupuestales, tanto montos como rubros en los que habrá de ejercerse, alentará la corresponsabilidad de la ciudadanía en el destino del país. Su naturaleza incluyente y participativa tiene un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción.
“Por lo anteriormente expuesto, y en aras de robustecer la civilización de los derechos ciudadanos, garantizando un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público, donde cada ciudadano vea potenciada su habilidad de participar en las decisiones colectivas, se propone la siguiente: “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Fracción IX del Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de consagrar el derecho de todo ciudadano de participar en la asignación del presupuesto local”.
La iniciativa del senador Benjamín Robles fue turnada a las Comisiones de Estudios Constitucionales y de Estudios Legislativos.
