Nos dieron sabadazo. Entre los brindis y abrazos de Navidad y Año Nuevo, la Asamblea Legislativa del D. F. reformó el artículo 132 del Código Penal capitalino sin más objeto que liberar a los únicos 14 individuos que quedaban en prisión acusados de los desmanes del 1 de noviembre.
Hoy la impunidad en la capital es mayor. Usted y yo estamos más indefensos que antes frente a la furia de los vándalos que trastornan la ciudad, se apoderan de una zona, dislocan el sistema vial con la protección de las autoridades, a condición de que blandan una demanda política o asaltan y destruyen las instalaciones de la Universidad de la Ciudad de México, la universidad para los pobres creada por López Obrador, donde el “progresismo” significa combatir toda forma de estudio y conocimiento.
La ley no se aplica a esos cavernícolas desde hace mucho tiempo, con el argumento de que su libertad de expresión -aunque sólo expresen odio, ignorancia y violencia- está por encima de los reglamentos municipales y de los derechos de los demás.
El 1 de diciembre quedó a la vista de todos la capacidad de estas tribus para someter al gobierno capitalino, por más que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, haya sido electo por una robusta mayoría.
Ese día, los policías eran atacados con bombas molotov, piedras y otros proyectiles, pero se limitaron protegerse detrás de los escudos y hay testimonios de que incluso escoltaron a los vándalos que pintarrajearon el Hemiciclo a Juárez y causaron serios daños al Hotel Hilton de Av. Juárez, a bancos y otros negocios en la zona.
Alguien hizo todo esto; los vimos millones de personas por televisión. Tenían los rostros cubiertos por pasamontañas, se apoderaron de puntos estratégicos, utilizaron técnicas paramilitares y ahora resulta que nadie es responsable de nada y los que parecían serlo, salieron en libertad gracias a las reformas al vapor y a última hora, al Código Penal.
Periodistas, académicos e intelectuales proclives a la autodenominada izquierda, sostienen que todos o la mayor parte de los 96 detenidos son inocentes; que “pasaban por allí” cuando fueron aprehendidos.
Supongamos que esto es verdad. En tal caso, la autoridad violó los derechos humanos de ciudadanos de bien y el jefe de Gobierno, los titulares de los órganos de seguridad capitalinos y el subsecretario Mondragón y Kalb deberían por lo menos, ser citados por el Congreso de la Unión y sometidos a juicio político, no sólo por abusar de 14 a 96 inocentes, sino por encubrir a los verdaderos culpables. Pero la tarea sería del Congreso y la ALDF no tendría que haber reformado el Código Penal.
En la hipótesis opuesta, si todos o algunos de los detenidos son culpables, el Congreso de la Unión, que representa a la nación y al pacto federal, debería enjuiciar -digo enjuiciar, no necesariamente condenar- a los diputados locales: no sólo a los perredistas, sino todos los demás, ya sea porque votaron a favor o porque se abstuvieron en vez de emitir un voto razonado y denunciar la burla ante la ciudadanía y en ante el Tribunal Superior de Justicia del D.F. Aunque el Distrito Federal fuera una entidad libre y soberana, que no lo es, la ALDF no tendría facultades para reformar las leyes en favor de unos cuantos.
¿Cómo entender la pasividad del gobierno del Distrito Federal y la aberrante manipulación legislativa de la ALDF? No, por supuesto, como avances hacia el pleno respeto a las libertades individuales, como quiere el doctor Mancera, ni menos aún como un signos de madurez democrática. No trate de engañarnos, doctor, pues eso mancha su prestigio de funcionario probo y recto. Si, en justicia, era excesiva la penalidad por el delito de ataques a la paz pública, hubo muchas oportunidades de que su antecesor o usted mismo, como procurador de Justicia del D. F., promovieran la corrección y habrá muchas más, pero no tenían que hacer la reforma para liberar a 14 reos, y menos cuando la hicieron.
Tuvo que haber un poder incontrastable que movió a los diputados locales del PRD e intimidó a los de otros partidos y al gobierno del D. F. Ese poder tiene que ser aliado o patrocinador de las diversas organizaciones violentas de la llamada izquierda, que no son sino vándalos a sueldo y con privilegios en actividades que lindan con la ilegalidad: comercio ambulante, distribución de casas de interés social, reparto de placas de taxi y las muchas prebendas con que opera ese gobierno su “política social”, que consiste en pagar con recursos públicos la lealtad del lumpen capitalino organizado.
Y si los que manejan esas pandillas decidieron dar una muestra de fuerza al doctor Mancera el 1 de diciembre, fue porque no les dio cabida todos los cargos que exigían en su gabinete. Por último, como hay que dar seguridad a los grupos de choque, las tribus decidieron reformar el Código Penal, pues tienen mayoría en la ALDF y capacidad para amedrentar a las otras fracciones políticas, sobre todo al PRI, que necesita la conciliación para dar viabilidad al programa de gobierno del presidente Peña.
Ya cedieron al primer chantaje. Ahora están a merced de los chantajistas.
