Al momento de escribir esta columna me encuentro en el extranjero y desde aquí he dedicado algunos días a reflexionar profundamente en relación a los problemas más graves que estamos enfrentando los mexicanos. Uno de los que más tensión me causa es el relacionado con la crisis del sistema de justicia, ya que ello ha reducido brutalmente nuestro bienestar. Enfrentamos índices históricos de criminalidad y violencia, producto de un Estado incapaz de hacer cumplir la ley y castigar a los delincuentes. No existe una sola región que sea segura, México se percibe como un país corrompido por los grupos criminales y donde está limitada la libertad humana.
¿Y que tiene que ver la inseguridad con la economía? Todo, resulta que si la tendencia continua, la inversión privada no podrá recuperarse y ello evita el crecimiento económico, lo que reduce las posibilidades de creación de empleos e ingresos. Sin crecimiento, la espiral de inseguridad tenderá a magnificarse, consolidando con ello el círculo perverso en el que nos encontramos. Aún más, los gobiernos destinan una fracción considerable de su presupuesto al combate de la inseguridad, desplazando en cierta medida el gasto que tendría que realizarse en tareas más urgentes, tales como la inversión pública en infraestructura.
El Centro de Investigación para el Desarrollo publicó en 2011 el documento “Número rojos del sistema penal”, el cual permite conocer el estado de inseguridad que prevalece en el país a través de 27 cifras –debido razones de espacio no comento todas. La primera es el número de denuncias por entidad federativa. Los estados con más denuncias en 2010 eran: Baja California con 3,532 por cada 100 mil habitantes, Tabasco con 2,981; Yucatán 2,806; Quintana Roo 2,640 y Morelos 2,490. Los estados con menos denuncias eran: Guerrero con 737; Nayarit 706; Chiapas 483; Tlaxcala 457 y Campeche 250.
La segunda es la incidencia delictiva por estado para 2010. Los 5 estados con mayor incidencia delictiva eran: Tabasco con 24,424 por cada 100 mil habitantes; Morelos 19,878; DF 19,319; Oaxaca 19,200 y Quintana Roo 18,692. Los cinco estados con la menor incidencia delictiva eran: Tamaulipas 4,579 por cada 100 mil habitantes; Querétaro 3,630, Nayarit 3,240; Campeche 1,897 y Tlaxcala 1,567.
La tercera es la cifra negra por entidad federativa o número de delitos no denunciados por los ciudadanos. Los primero cinco eran: Oaxaca con un 92.2%; Michoacán 91.1%; Chiapas 90.7%; DF 88.6%; y Estado de México 88.5%. Los últimos cinco eran: Chihuahua 75.1%; Baja California 72.1%; Tlaxcala 70.95; Querétaro 70.8%; y Tamaulipas 68.2%.
¿Cuál es la razón por la que los ciudadanos no denuncian los delitos? La respuesta es que en un 69% de los casos se debe a la ineficiencia de los ministerios públicos. Las personas perciben que al acudir a una oficina del sistema judicial son nuevamente ofendidas, que no tiene sentido acudir porque los delitos no serán resueltos y porque se pierde demasiado tiempo.
De forma más específica, se preguntó a la gente las razones por las cuales no denuncia los delitos: 39% por la pérdida de tiempo que significa, 16% por desconfianza en la autoridad, 10% por los trámites largos y difíciles, 9% por considerar el delito de poca importancia, 8% porque no tenía pruebas, 6% por miedo al agresor, 3% por la actitud hostil de la autoridad, 1% por miedo a que lo extorsionaran y 8% por otras razones.
Como resultado de una estrategia equivocada del gobierno federal para combatir el narcotráfico, la evolución de las muertes relacionadas con ese asunto ha crecido de forma alarmante. En el primer trimestre de 2007 hubo 500 muertes y en el tercer trimestre del 2010 4,000. Un incremento de 700% en tres años. En 2007 hubo 2,826 homicidios, en 2008 6,837, en 2009 9,614 y en 2010 15,273, para un total de 34,550 seres humanos. Es posible que a marzo del 2012 la cifra haya rebasado las 60,000 mil personas, pero no es posible saberlo con precisión ya que el gobierno federal dejo de publicar las cifras.
Otro dato importante es que sólo el 9% del territorio nacional concentra el 50% de los homicidios relacionados con el crimen organizado: Chihuahua (29%), Sinaloa (13%) y Guerrero (8%). El último dato que me parece esclarecedor de la crisis que enfrentamos es que de cada 100 delitos que son cometidos, 20% son investigados, 9% de ellos llegan a un juez y sólo 1% son castigados. Lo anterior da cuenta del grado de impunidad en que vivimos y el camino que debe presentar una reforma al sistema de justicia.
Como siempre, no quiero dejar sólo la imagen del problema. Con un carácter meramente preliminar le propongo lo siguiente a quienes toman decisiones: 1) imparcialidad de los jueces; 2) eliminación de la impunidad; 3) mejora del sistema carcelario; 4) dignificación y transparencia de los cuerpos policiacos; 5) aplicación de castigos severos a funcionarios del sistema judicial corruptos; 6) mejora tecnológica de los centros judiciales; 7) mayor fiscalización del gasto realizado en el sistema de justicia; 8) eliminación de la figura del fuero y amparo; 9) profesionalización de los ministerios públicos; y 10) mejora del marco regulatorio.
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* Profesor en economía de la UACJ, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
