En la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, se establecen como atribuciones, además de defender la integridad, la independencia y soberanía de la Nación, así como garantizar la seguridad interior –motivo actual, al haberse aprobado la ley en la materia de Controversias Constitucionales ante la SCJN y un intenso debate-; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. Y, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Este último rubro cubierto a cabalidad por el Ejército y la Armada, su participación ha sido determinante para salvar miles de vidas, lo mismo ante huracanes como “Paulina”, que ante terremotos de grandes magnitudes, caso los del19 de septiembre, de 1985 y del año pasado. Su labor siempre ha sido ejemplar.
En un contexto histórico, a partir de la revolución de 1910 y sobre todo del Constituyente de 1917, se puede decir que la participación del Ejército y la Armada, y quienes han sido sus comandantes, se ubica en un ámbito institucional y de sometimiento al poder civil. El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; salvo Victoriano Huerta, en el México contemporáneo, no hemos padecido (¡Líbrenos Dios!) de un Augusto Pinochet, Rafael Videla, Alfredo Stroessner, Anastasio Zomoza, o un Rafael Leonidas Trujillo, cuya ejecución narra espléndidamente Mario Vargas Llosa en su novela histórica “La Fiesta del Chivo”. Vamos, para ser objetivos, tampoco hemos vivido bajo regímenes de corte centralista autoritario como Cuba, o la República Bolivariana de Hugo Chávez. Hasta hoy nuestro país se puede considerar que ha transitado en una democracia constitucional con “serios inconvenientes”.
Por mi parte, en mis recuerdos destaca el papel que jugó el Ejército en el Movimiento Estudiantil de 1968, invocando precisamente la defensa de las instituciones nacionales; amenazadas en la mente de Gustavo Díaz Ordaz por una “conspiración internacional” que pretendía boicotear y “manchar” la imagen de México, Sede de los Juegos Olímpicos de ese año; imposible olvidar el “bazukazo” a la emblemática preparatoria 1 de San Ildefonso, el bloque de bayonetas caladas en la esquina de Félix Cuevas e Insurgentes impidiendo el paso de la marcha encabezada por el Consejo Universitario y el Rector Barrios Sierra, el desalojo del Zócalo, la entrada a CU y el Politécnico, hasta culminar con la masacre de Tlatelolco. En Oaxaca, con menor intensidad también conocimos del peso de la represión, de la persecución cuando realizábamos mítines relámpago, pintas en las madrugadas o concentraciones frente al edificio central de la Universidad. En mi caso, me libré de ser detenido por el Ejército, al confundirme y apresar a otro Raúl Castellanos.
Luego vinieron tiempos de concentrarse en los cuarteles y labores humanitarias; incluso en el 88, los mandos y las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen del conflicto post electoral; en el 94, declarada la guerra al Estado mexicano por el EZLN, la represión volvió a hacerse presente hasta que Salinas de Gortari declaró un alto al fuego. Fue en esta década del fin del siglo pasado, al cerrar Clinton las rutas del tráfico de drogas vía marítima a las costas de Florida, cuando el crimen organizado cobró especial relevancia y se salió del control de los pactos con el Estado, hasta devenir en la “Guerra de Calderón”. En julio de 2011, Nexos planteó: “La guerra que el Presidente Felipe Calderón declaró al inicio de su sexenio en contra del narcotráfico ha puesto un punto de enorme relevancia en la discusión pública: si es constitucional la decisión del Ejecutivo federal de combatir el crimen organizado mediante las Fuerzas Armadas del país”.
Al día de hoy, en el contexto de las denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de algunos elementos del ejército –caso Tlatlaya y otros-, la discusión sobre la ley de Seguridad Interior y la intensa contienda electoral en curso, en la que López Obrador ha puesto sobre la mesa el tema de la amnistía al narco, luego matizado; se ha agregado un elemento superviniente que no estaba en el “scrip”: La participación en el debate político de los mandos del ejército, en particular del General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Mismo que en respuesta a AMLO, el 5 de diciembre pasado dijo: “Están dejando de lado todo el mal que han hecho al país -los cárteles-, a cuánta gente han envenenado, cuánta gente ha muerto por su culpa, cómo es posible pensar en que se les dé una amnistía. Estoy en contra, más claro que eso, nada”.
Ya entrado en gastos con el General; el candidato, consciente de que éstas confrontaciones verbales le reditúan espacios en los medios y con ello marca la agenda, a propósito del Doctorado Honoris Causa que recién le concedió la Universidad al General Salvador Cienfuegos, volvió a subirse al ring, desde Puebla cuestionó: “¿Qué tiene que estar el Secretario de la Defensa recibiendo un premio de la Universidad de Chiapas? Esa es politiquería, que se ponga a hacer su trabajo”. La respuesta –suponemos de Cienfuegos- llegó de manera sesgada a través de un trascendido en “Bajo Reserva” del periódico El Universal: “una cuenta minuciosa llevan de las groserías de Andrés Manuel López Obrador contra las Fuerzas Armadas, nos comentan. Recientemente el tabasqueño reprochó que el General Salvador Cienfuegos recibiera un reconocimiento de la Universidad de Chiapas “esa es politiquería, mejor que se ponga a trabajar”, soltó el mandamás de Morena. Nos cuentan que para elementos de tropa, oficiales, jefes, generales y militares en retiro, don Andrés Manuel faltó nuevamente el respeto a su instituto armado, ahora ofendiendo a su líder. Cienfuegos, nos hacen notar, es un militar leal que ha trabajado duro, como buen soldado, desde hace cincuenta y cuatro años, cuando AMLO ni siquiera había terminado la primaria. Nos comentan que quizá el precandidato presidencial cree que el trabajo duro es el de andar en campaña y no el que hacen los soldados”.
En este escenario, la participación en el proceso electoral del General Salvador Cienfuegos, a través de declaraciones y trascendidos en contra de López Obrador, nos hace reflexionar y preguntarnos, hasta dónde esta confrontación verbal forma parte de una normalidad democrática.
El candidato de Morena a la presidencia de la República tiene el derecho, incluso el deber, como sus adversarios, de expresar qué país propone. Si coloca en el debate temas como la amnistía en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, eliminar el Cisen o prescindir del Estado Mayor Presidencial de llegar a Los Pinos; la sociedad, los comentaristas, intelectuales, líderes de opinión, medios de comunicación, redes sociales y por supuesto sus oponentes políticos, pueden juzgar, criticar, adjetivar y condenar sus propuestas. Eso es la esencia de la democracia: El disenso, la pluralidad y el contraste.
Lo que resulta controversial, es que el Secretario de la Defensa, General en activo, esté participando desde hace meses en la contienda electoral y sea el que responda a los planteamientos de un candidato a la Presidencia. Es un hecho complejo, difícil de comprender, incluso por quienes no lo valoran así. ¿Cómo el Secretario de la Defensa se coloca en la posición de descalificar a un potencial Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas? ¿Será porque su Comandante actual se lo permite o alienta a ello?
Ante tal situación, iniciado el periodo inter campañas, un exhorto del Poder Legislativo o de la Suprema Corte a serenar los ánimos, abonaría a la gobernabilidad democrática, tan necesaria y urgente una vez que el voto de los mexicanos decida quién deberá despachar en Palacio Nacional.
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ /@rcastellanosh
