* Al convertirse México en un Estado fallido está más que justificado demandar masivamente la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
* No hay que pasar por alto que hace apenas unos días el Gobierno de México fue condenado por un tribunal arbitral internacional a pagar 50 millones de dólares por su pésima forma de impartir justicia.
Los números de los datos estadísticos son fríos. Al igual que la mayoría de los gobernantes, políticos y servidores públicos, no tienen sentimientos. Pero son objetivos al reflejar la cruel realidad.
México es el país sin guerra civil más peligroso para ser periodista. El baño de sangre de periodistas continúa con total impunidad, garantizada por las amplias redes de complicidad y corrupción.
Un recuento histórico de los periodistas asesinados en los últimos cinco sexenios revelan Zedillo: 3, Fox: 22, FCH: 49, EPN: 47. Con AMLO van 54. Más que todos los anteriores en la mitad de tiempo.
El dato habla por sí solo. Detonan las protestas los asesinatos de TRES periodistas en DOS semanas.
Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en Tijuana y José Luis Gamboa en el vecino Veracruz.
El 17 de enero, el fotoperiodista Margarito fue ultimado a balazos en la colonia Sánchez Taboada en Baja California; el 10 de enero, Gamboa Arenas fue asesinado a puñaladas en el Puerto de Veracruz.
Ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, reporteros alistan protestas hoy martes en 22 ciudades del país, para condenar los homicidios de los tres periodistas eliminados recientemente.
¡Bienvenidas las protestas, condenas y reclamos de los periodistas mexicanos por los homicidios de sus compañeros! Sin embargo, no bastan las movilizaciones ante la insensibilidad gubernamental.
Con imaginación, creatividad y decisión, por supervivencia necesitamos dar pasos firmes hacia otras acciones, pacíficas y legales, que garanticen nuestra integridad física y nuestra vida misma.
Hasta ahora, la omisión y negligencia, por ineptitud o complicidad del Gobierno, en la sanción del asesinato de periodistas, no ha importado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tampoco ha interesado ni importado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de la constitucionalidad del Estado de Derecho, que obliga a garantizar la seguridad de los gobernados.
Más que al crimen organizado y al narcotráfico al que frecuentemente se culpa del asesinato de periodistas, estos estorban a los intereses de gobernantes, políticos funcionarios y de empresarios.
Más que la delincuencia organizada per se, uno de los mayores problemas en México en materia de seguridad pública y seguridad nacional, es la narco política y la narco economía, que todo corrompe.
Alianza de Medios MX reveló en una investigación la trama de grupos poderosos del norte de Veracruz, para planear el homicidio de María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020.
En tales condiciones, México se ha convertido en un Estado fallido, por lo que los periodistas mexicanos debemos demandar masivamente la intervención de los organismos internacionales.
Por tal motivo, está más que justificado demandar masivamente la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Al igual que en el caso del pésimo manejo de la pandemia, el creciente número de asesinatos de periodistas reviste características de verdadero genocidio y por ende de delito de lesa humanidad.
Aun cuando el presidente López Obrador mantenga su poder transexenal mucho deben preocuparle las denuncias internacionales por probables delitos de lesa humanidad, porque son imprescriptibles.
La Embajada de Estados Unidos en México tuiteó: Alarmados por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, el tercer homicidio de un periodista en lo que va del año. Nos solidarizamos con los periodistas mexicanos. #LibertadDePrensa
Y el Embajador escribió: Los periodistas son los campeones de la #LibertadDeExpresión y la #Democracia. Envío mi más sentido pésame a las familias de los tres periodistas asesinados en las últimas semanas. Reitero nuestro apoyo a los esfuerzos de México por la lucha contra la impunidad en sus casos.
No hay que pasar por alto que hace apenas unos días el Gobierno de México fue condenado por un tribunal arbitral internacional a pagar 50 millones de dólares por su pésima forma de impartir justicia.
El sistema judicial mexicano no pudo hacer justicia a un inversionista extranjero y violentó su derecho humano de acceso de justicia y dio un trato injusto e inequitativo al solicitar justicia.
México cuenta con varias condenas internacionales porque el sistema judicial es ineficiente, lo que obliga a la reestructuración profunda del sistema legal y no a más reformas a la ley o a la constitución.
La periodista Lourdes Maldonado pidió ayuda hace tres años en una mañanera, debido a que temía por su vida y estaba integrada al Mecanismo de Defensa a Periodistas, sin embargo, fue asesinada.
La denuncia de Lourdes Maldonado al presidente López Obrador fue sobre el caso laboral que habría ganado al ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla, por lo que solicitó apoyo presidencial.
El asesinato de Lourdes, con el claro modus operandi de ejecución, revela la injerencia de políticos en los medios de comunicación. La televisora donde laboró es propiedad del ex gobernador Bonilla.
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