La liga de las relaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con México por el caso Ayotzinapa-Iguala-Cocula se estiró hasta donde el dinero pudo resistir. El organismo de la OEA midió la molestia de México por el activismo del secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza en función de las cuotas oficiales al organismo.
Anunciado su retiro de la organización al terminar su periodo este año, Álvarez Icaza se convirtió en una posición incómoda por su intolerancia y su decisión de doblegar al Estado mexicano.
La CIDH no calculó la operación en México. La decisión del gobierno mexicano de financiar la estancia de un grupo interdisciplinario de investigadores para revisar el reporte de la PGR fue de buena fe, en el entendido de que el gobierno federal y sus organismos de seguridad y justicia intervinieron después del secuestro, asesinato e incineración de los 43 normalistas.
Comandados por Álvarez Icaza, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se dedicó a tratar de probar que la responsabilidad era del Estado federal y no de las autoridades municipales y estatales del Partido de la Revolución Democrática. La intención amañada fue sacar al PRD de la indagatoria.
La CIDH inclusive exigió el financiamiento de la estancia de los investigadores independientes con 3 millones de dólares, a pesar de que esas tareas estaban dentro de las funciones presupuestales oficiales de la Comisión de la OEA. Sin embargo, la CIDH ha sido relegada en la distribución de fondos y muchos gobiernos han regateado sus aportaciones por la parcialidad de las investigaciones. En este sentido, México quedó en calidad de rehén o secuestrado por las presiones de la CIDH de condenarlo si no pagaba las investigaciones… en su contra.
El final de acuerdo de financiamiento de las investigaciones fue tomado por la CIDH como un aviso del endurecimiento presupuestal de México; la CIDH tiene todo el derecho y las facilidades para venir a investigar casos de violación de derechos humanos, pero fue un sinsentido hacerlo con dinero oficial mexicano. Necesitado de quizá otros 3 millones de dólares para seguir insistiendo en el mismo reporte fue una de las argumentaciones de México para dar por terminado el convenio de financiamiento. El pasado 15 de abril el presidente de la CIDH, Jim Cavallo, escribió en su Twitter: “la situación económica de la @CIDH es muy grave”.
En el centro del conflicto quedó atrapado Álvarez Icaza y su intención de arrodillar al Estado mexicano. La estrategia del funcionario de la CIDH fue la de extender las negativas al reporte de la PGR para dejar sentado el precedente y que más adelante pueda ser asumido por algún tribunal internacional de tipo penal que juzgue delitos y no violaciones.
El GIEI se centró en el argumento de la desaparición de los estudiantes como un delito de lesa humanidad y no en la violación de sus derechos humanos en el momento de su arresto y entrega, por instrucciones del alcalde perredista de Iguala, al grupo criminal Guerreros Unidos.
El argumento de desaparición mantendrá abierto el expediente para ser usado más adelante en investigaciones penales internacionales. Pero todos los datos confirman que los 43 normalistas detenidos por instrucciones de un alcalde del PRD están muertos y por tanto esa condición lleva a temas que sí son prioridad de la CIDH: la reparación del delito por la vía monetaria.
A Álvarez Icaza lo derrotó su obsesión por arrodillar al Estado mexicano.
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Política para dummies: La política es sacrificarse por los otros, pero con largos periodos de descanso.
Sólo para sus ojos:
- Confirmado: Hillary Clinton quiere arrebatarle a Donald Trump el tema de México en la campaña presidencial. Ahora la diplomacia mexicana tendrá que buscar que Hillary se salga de ese corral, aunque en los hechos no es más que demagogia de campaña.
- Muy decidido Renato Sales, comisionado de seguridad pública, en limpiar las corporaciones policiacas; a destiempo, pero de todos modos debe de ir hasta el fondo.
- El senador con licencia Raúl Cervantes es muy buen abogado, con trayectoria reconocida, pero fue director jurídico del PRI y operó en el Senado las reformas estructurales; por tanto, estaría limitado para ser el fiscal anticorrupción que necesita el país para combatir las irregularidades en el gobierno priísta. Se necesita alguien que no tenga militancia partidista.
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@carlosramirezh
