El pasado miércoles 2 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó los recursos de reclamación 5/2012, 6/2012 y 7/2012 promovidos por el gobierno oaxaqueño y por los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapas, en contra del desechamiento de las controversias constitucionales que esos mismos entes públicos habían interpuesto contra el decreto de creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez.
En tal sentido, los recursos de reclamación fueron desestimados bajo los mismos argumentos por los cuales se negaron las controversias constitucionales, esto es: un error de la vía jurídica elegida y un indebido planteamiento ajeno a la naturaleza de las controversias constitucionales; en otras palabras, lo que la SCJN resolvió fue que ella no es competente para resolver conflictos por límites territoriales y que en todo caso las Controversia Constitucionales no son la vía jurídica adecuada para resolver dichos planteamientos.
En tal sentido, no obstante que reconocemos que el problema que enfrentan las comunidades de los pueblos chimalapas por la invasión de sus tierras, es añejo y complejo, pues el mismo es resultado del descuido y soslayo de infinidad de administraciones gubernamentales estatales y regionales, quienes veían en la conflictividad la oportunidad idónea para administrar y lucrar con las riquezas naturales de la región, lo realmente preocupante de la resolución del máximo órgano de justicia de la nación, es que una vez más la clase política de nuestro estado evidencia la falta de seriedad y responsabilidad de su actuar para defender los derechos de las y los oaxaqueños, pues no es posible que se cometan pifias jurídicas como las anteriores, que pongan en peligro la soberanía, el territorio y los derechos ancestrales de los pueblos y comunidades de la región.
Ante estos hechos nos solidarizamos con las comunidades zoques asentadas en territorio oaxaqueño, en especial con los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa, pues reconocemos que no obstante las históricas agresiones, invasiones, despojos y provocaciones de que han sido objeto, siempre han sabido responder de manera pacífica y dentro de las vías institucionales de resolución de conflictos.
A ellos les decimos que no están solos en su legítima lucha de defender y proteger la integridad de los derechos ancestrales que como pueblos tienen sobre sus recursos naturales. Que el pueblo de Oaxaca los acompañará en la defensa de sus derechos colectivos y en el respeto a su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado respecto de sus territorios.
Asimismo, exigimos a los diversos actores públicos de nuestra entidad, que en un acto de vergüenza cívica y responsabilidad política, informen al pueblo de Oaxaca las razones de los graves errores cometidos en la defensa de la zona chimalapa, pero también, que se señalen y responsabilicen a los responsables de dichas fallas.
No es posible que alrededor de 106 mil hectáreas de selvas oaxaqueñas, estén en peligro de perderse por la incapacidad, torpeza e ineficacia de los funcionarios públicos encargados de defender los intereses de los habitantes de nuestro estado.
A esa clase política le decimos que el pueblo de Oaxaca es generoso en su actuar pero también firme y valiente al momento de defender sus derechos, sobre todo cuando a quienes se les paga por hacerlo no lo hacen, o lo hacen mal traicionando la confianza depositada en ellos.
San Marcial, Oaxaca, viernes 4 de Mayo de 2012.
R. Fco. Wilfrido Mayrén Peláez
