La lógica de los dirigentes del PAN y el PRD es nítida: existen pruebas de que el gobierno de Veracruz, con la participación de altos funcionarios del gobierno federal, puso en operación una estrategia para aprovecharse de los programas sociales con el fin de obtener votos en las elecciones locales de julio, y la única reacción de las autoridades federales fue el cese inmediato del representante de la Sedesol en esa entidad, pero a juicio de los líderes de la oposición en los partidos y el Congreso de la Unión, esa falta debió repararse con la destitución de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.
De haber procedido así, el presidente Peña Nieto no sólo había sancionado con la máxima severidad burocrática a una mujer que, por su pasado izquierdista, nunca ha gozado de las simpatías panistas y que por las pugnas internas de la izquierda ha dejado de ser grata para sus antiguos compañeros, sino que su gobierno se habría sometido a las presiones de esos partidos y los dirigentes habrían recuperado, así fuera parcialmente, su propio liderazgo, que se tambaleó a raíz de la firma del Pacto por México.
Pero el presidente Peña reafirmó su apoyo a su secretaria de Desarrollo Social y, en respuesta, los dirigentes del partido y de las fracciones parlamentarias del PAN se negaron a participar en el anuncio de la reforma financiera, que según parece, será el primer paso para lograr que los bancos –en su gran mayoría extranjeros– canalicen parte de los recursos de los depositantes y ahorradores mexicanos al crédito a la producción, lo que a su vez sería un poderoso factor de estímulo a la inversión, al desarrollo tecnológico y a la creación de empleos; esta última, junto con la reforma educativa, si es que no la invalidan los trogloditas magisteriales y sus patrocinadores, es la clave para detener la pauperización de las clases medias y combatir en sus raíces, la pobreza.
La lógica de las cúpulas partidistas, repito, es impecable, pero perversa e incluso contraria a los intereses de la mayoría de la población. Lo primero, porque demuestra que los panistas y perredistas, no ven el Pacto por México como un programa nacional coherente que plantea las principales acciones del Estado y la sociedad para recuperar el crecimiento de la economía, reducir las desigualdades y restaurar la paz interna, sino lo consideran como un fuerte instrumento de presión, o peor aún, de chantaje, sobre el gobierno de Peña Nieto.
Esto contradice lo que muchos particulares pensamos, sobre todo en los primeros meses del gobierno: que, en una súbita e inexplicable toma de conciencia sobre la gravedad de los problemas actuales del país y la adversidad del entorno global, las principales fuerzas políticas, sin renunciar a sus naturales y saludables diferencias ideológicas, políticas y de intereses, habían sumado fuerzas, no para someterse al presidente o su partido, sino para hacer posible un programa de reformas que, a juicio de todos ellos, y de muchos más, plantea casi todo lo que hay que hacer para evitar un deterioro mayor de la vida nacional y reducir el sufrimiento de los más afectados por la miseria, la violencia y la desesperanza..
Desde esta columna, y desde muchos otros espacios periodísticos, se reconoció el compromiso de Gustavo Madero y Jesús Zambrano con el destino de México y se reprobó la mezquindad política de los grupos –el calderonismo y los más radicales del PRD– que les reprochaban haber firmado el pacto. Una y otra vez se ha dicho, desde las más diversas tribunas, que el boicot de los maestros de la CNTE a la reforma educativa y el tortuguismo impuesto en el Senado por los calderonistas a la reforma de telecomunicaciones, obstruían dos pasos indispensables para la transformación del país en los términos del pacto y se creía que Madero y Zambrano estaban de veras comprometidos con éste.
Pero al chantajear al gobierno con el pacto, demuestran que lo firmaron, no para abrir una vía de solución a nuestros principales problemas, sino para recuperar parte de la fuerza perdida a raíz de la debacle electoral que sufrieron en julio del año pasado. Al negarse a concurrir al anuncio de la reforma financiera, le dan la razón a los grupos que, dentro de sus partidos, los acusaron de utilizar ese texto como maniobra politiquera en su propio beneficio.
Entendámonos: el Pacto por México tiene sus propios méritos –y lagunas– independientemente de que lo apoyen los líderes de los partidos y fracciones parlamentarias de oposición, y en esa medida, el gobierno necesita y merece el apoyo explícito y activo de la sociedad, por encima de los partidos. La acción de los líderes panistas y perredistas representa un severo golpe a su viabilidad política, pero ni le resta validez como programa viable y deseable de gobierno, ni lo hace imposible.
En mi opinión, el gobierno de Peña Nieto tiene varias opciones. Una es tratar de persuadir a los líderes de oposición, tal vez a cambio de garantías de que no se usarán los programas sociales con fines electorales. Otra es cesar a Rosario Robles, lo que sería una grave muestra de debilidad política y pondría en riesgo la gobernabilidad. La última, es apoyarse en la sociedad y convencer, uno a uno, a los diputados y senadores de oposición a favor de cada reforma. La moneda está en el aire.
