La administración pública funciona como un laboratorio, donde la mejora es constante y lógica es prueba y error. Entonces, si el sentido común existe, a estas alturas de nuestra historia deberíamos haber tenido ya suficientes experiencias para tomar en lo sucesivo mejores rutas con la finalidad de acercarnos a los objetivos de gobierno.
Pero lo cierto es que en anteriores sexenios, hemos visto que la administración de los asuntos públicos trabaja en base a reglas que en su tiempo fueron adecuadas, pero que hoy requieren de una reingeniería operativa frente a ejemplos básicos como los lentos trámites que realizamos, cuyo proceso se identifica con el burocratismo, pero que en realidad se llama inoperancia.
En ese sentido, tenemos pues dos experiencias para reflexionar. En el sexenio del gobernador priista Ulises Ruíz hubo recursos económicos suficientes para crear varios programas, hasta cierto punto innovadores en el Estado, como fueron las Unidades Móviles, que acercaban servicios de primera necesidad a la población en general.
Preciso: no es mi intención revisar la calidad de los servicios, sin embargo, fue un programa innovador.
Y la segunda experiencia para reflexionar fue que la gran mayoría de las dependencias gubernamentales contaban con recursos directamente lo que brindaba seguridad a los funcionarios y rapidez a la hora de dar solución a los conflictos. El gran problema de ello fueron los escándalos de corrupción que se denunciaron en aquel momento.
En observancia de lo anterior, el sexenio que hoy termina que se buscó centralizar los recursos. Con esta decisión, teóricamente procuró tener mucho más control en la administración, certeza en lo que se tiene y lo que no se tiene y mejor custodia de los mismos.
Empero se dejó a la burocracia sin certeza financiera. Es decir, había secretarios de Estado que hacían compromisos con los diferentes sectores de la población sin tener la seguridad de que tendrán la capacidad financiera para solventarlos.
Esta es una de las razones por la que en estos momentos muchas organizaciones ejercen presión con bloqueos, marchas o plantones al no encontrar respuesta a sus demandas sociales.
En suma: proyectos que estaban comprometidos que hoy día no se han ejecutado pese a que estamos en los límites de la actual administración.
Ante este escenario es necesario replantear las formas de hacer las cosas: podemos tener una administración con recursos descentralizados y que cada secretario pueda manejar su techo presupuestal, dándole un constante seguimiento al ejercicio financiero o es prudente tener una administración centralizada -financieramente hablando-, pero con claridad y seguridad en los techos presupuestales porque de esta forma tendríamos mejores oportunidad de resolver la problemática que enfrenta nuestro Estado.
Pero existe una tercera vía: la administración basada en objetivos -que se antoja de difícil aplicación en Oaxaca-, donde a cada instancia gubernamental tiene objetivos claros a cumplir y otorga estímulos por hacerlo de manera eficiente y eficaz, sin seguir reglas antiguas que sólo limitan el desempeño de sus trabajadores.
En esta tercera vía, los funcionarios públicos dejan de ser burócratas para convertirse en un equipo de trabajo con metas claras y tangibles que hacen que el espíritu de la colectividad e ingenio humano, logren que las cosas se hagan y se hagan bien.
A pesar de que esta forma de organización para el trabajo gubernamental, se aplica en países de primer mundo, en Oaxaca se tendrían que concretar soluciones como el tráfico de influencias o la corrupción, entre otros, antes de pensar en modelos que nos permitan alcanzar mayor eficiencia en el quehacer gubernamental.
Me atrevo a pensar que un buen día llegaremos a ese cambio que todos anhelamos, en el que nuestros gobiernos den respuestas ágiles a problemas emergentes; donde tengamos certeza en los proyectos aprobados y documentos por los gobiernos y donde podamos presumir de hacer más con menos, pero ese escenario ¿está cerca? o ¿aún estará lejos?
(*) Productor agrícola por vocación; estudioso de las ciencias políticas por profesión y militante partidista por convicción.
