Luego de la publicación de una recomendación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO), 31/2010, hacia varias dependencias, entre ellas la Secretaría Seguridad Pública del Estado, su titular, Javier Rueda Velázquez, expuso, que fue acertada pero corta, según sus palabras debió convocar a las tres organizaciones en pugna a sentarse en una mesa de diálogo.
En una entrevista telefónica, el encargado de la seguridad de los oaxaqueños, explicó que dicha recomendación fue un acierto, sin embargo, expuso que desde meses atrás han estado trabajando en la zona con otras dependencias sin hacer falta una recomendación.
Sin embargo expuso, que ellos, la Policía Estatal, y demás corporaciones, están “listas” para entrar a San Juan Copala en el momento que las autoridades políticas lo determinen, en tanto dijo: “tenemos la fuerza necesaria para entrar, pero creo que sería contraprucente”, vamos a esperar los resultados de las negociaciones.
Expuso que desde hace meses tienen un operativo de seguridad especial para la zona, sin embargo, están a la espera de que las 3 organizaciones, MULT, MULTI, UBISORT, se pongan de acuerdo en una mesa de negociaciones, porque sostuvo: “no vamos a entrar con la policía y empeorar la situación, esto no es una cosa de policía, es de políticos”.
Por otro lado añadió que no hacía falta una recomendación de la CDDHO, las acciones se vienen realizando con mucha “eficacia”, sin embargo sostuvo que mientras las instancias políticas del estado no lleguen a un acuerdo con las 3 organizaciones no habrá visos de paz.
En su momento este reportero trató de comunicarse con la Procuradora de Justicia del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas, sin embargo su secretario particular “el Lic. Baños” con teléfono celular 9511283425, en todo momento dijo: “la Jefa está ocupada atendiendo a cientos de personas… no se preocupe le devolveremos la llamada en cuanto pueda”.
En caso de la procuraduría la CDDHO, expuso, Gire sus instrucciones a los Fiscales del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación e integración de los legajos de investigación relacionados con los hechos que han venido ocurriendo en la zona triqui.
A fin de que se determinen dichos procedimientos en el plazo de treinta días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, salvo que exista impedimento plenamente justificado. De no cumplirse con lo anterior, inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que propiciaron la dilación en su cumplimiento y, en su caso, se les impongan las sanciones correspondientes.
Pero hasta el momento han mantenido un silencio cómplice y criminal…
