El hecho de que seamos aliados del gobierno no nos impide señalar los excesos de la policía estatal y la desatención del Gobierno Estatal a los problemas sociales, así lo dijo el diputado perredista Francisco Martínez Neri, al mismo tiempo que exigió castigo a los culpables y resarcir los daños a la población de Lachixao.
Postura que fue compartida por los legisladores de la llamada Coalición de Transición, en su momento el diputado, a nombre de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitó a la secretaria general de gobierno y al secretario de Seguridad, dar el nombre de quién ordenó dicho operativo realizado el pasado 28 de abril.
Antes la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Marlene Aldeco Retana, mostró un video con escenas y testimoniales de la presunta agresión de la policía a la población de Lachixao, asimismo demostró que sí hubo allanamiento de viviendas y violación a los derechos humanos, al mismo de la omisión de las autoridades.
En su momento el legislador Flavio Sosa, a nombre del Partido del Trabajo, criticó a la secretaria general de gobierno al referirse a su intervención donde dijo: “quiso sorprender al Congreso al explicar la conflictividad agraria, pretendiendo distraer la atención sobre el caso Santiago Textitlán” y demandó el cese de los mandos policiales por abuso de autoridad.
Por su parte el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Martín Vela Gil, condenó los hechos violentos realizados el pasado 28 de abril, donde la policía violó los derechos humanos, a nombre de su fracción solicitó el castigo a toda la línea de mando que ordenó el mencionado operativo desde los comandantes hasta el propio gobernador.
En su momento Margarita García García, a nombre de Convergencia defendió la actuación del gobernador del estado, pero también se sumó al castigo de los responsables del operativo, asimismo le solicitó a la secretaria general de gobierno dar la cara y no defraudar la confianza que le dio el ejecutivo, asumir los compromiso que adquirió el cargo.
Pero la diputada convergente fue más allá al indicar que los excesos de la policía son producto de mandos y funcionarios emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los que exigió renunciar a sus puestos públicos para desterrar la corrupción, solicitud que le valió la rechifla de los diputados priistas.
Al final la Secretaria General de Gobierno Irma Piñeyro, sostuvo que existe la plena voluntad del gobierno del estado, para investigar los acontecimientos y castigar a quienes se deba castigar, pero además dijo está haciendo lo necesario para atender a cada uno de los conflictos agrarios, buscando garantizar la paz social.
