Si algún dato pudiera ilustrar el papel determinante del ejército en el combate al crimen organizado en su variante de narcotráfico desde 2006, las cifras hablan por sí mismas: el 80% de los capos están arrestados, extraditados o muertos y el resto vive a salto de mata.
En este sentido, la estridencia estadunidense en el arresto del general Salvador Cienfuegos Zepeda –divisionario en activo porque los exsecretarios de la Defensa Nacional nunca pasan a retiro– debe también leerse en función de los intereses reales de la estrategia de los EE. UU. contra el narco: no terminarlo porque entonces los 30 millones de adictos y los quizá 90 millones de consumidores se quedarían sin droga y la violencia estallaría en las calles; controlar el flujo, los precios y sobre todo el lavado de dinero que mantiene en operación a miles de bancos americanos; y centralizar el mando de fuerzas armadas de otros países en lucha anticárteles.
Por ello, el caso Cienfuegos debe leerse en función del estilo perverso de la justicia estadunidense que busca sólo el control y no el fin del narcotráfico mexicano, sobre todo ahora que la venta al menudeo de droga en más de tres mil ciudades estadunidenses está controlada por entre siete y nueve cárteles mexicanos, desplazando a las bandas locales de hispanos y afroamericanos siempre controlados por las policías.
Ahí es donde salta uno de los datos más extraños del caso: acusan al exsecretario de la Defensa de asociarse con el grupo H-2, que no llegó nunca a ser un verdadero cártel, que no aparece en el radar de las evaluaciones anuales de la propia DEA y que conformaba quizá una banda pequeña de traficantes, cuyo líder H-2 fue abatido en una operación con helicóptero y armas de alto poder que no se han usado contra otros capos. Para saber más del asunto, entonces habría que revisar las razones del ataque de la Marina contra el H-2, sobre todo en momentos en que la alianza ejército-Marina era más que sobresaliente.
Pero el tema central radica en el hecho de que el ejército en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto descabezó los principales cárteles y no deshizo a los grupos criminales porque esa era tarea de la policía federal, de la Secretaría calderonista de Seguridad y de la Secretaría peñista de Gobernación. Que lo hayan hecho o no, en realidad se trata de un complemento del expediente del caso Cienfuegos. Por lo pronto, el ejército sí cumplió y de todos los capos siguen en activo sólo Ismael El Mayo Zambada como padrino del Cártel del Chapo, presuntamente Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y sus sucesores en el Cártel Jalisco Nueva Generación y Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, requerido con insistencia por los EUA.
En los sexenios de Calderón y Peña Nieto hubo una lucha burocrática de alto nivel entre México y los EE. UU. para el control de la lucha contra el narcotráfico; México ha estado por la aniquilación de cárteles y la destrucción de siembra y distribución, en tanto que los EE. UU: sólo buscan el control del proceso para atender a sus adictos y consumidores en calles y oficinas. Además, siempre ha existido la intención estadunidense de apropiarse del dinero del narcotráfico, varios cientos de miles de millones de dólares, sobre todo por su influencia en el sistema bancario estadunidense.
Los designios estadunidenses en materia de narcotráfico se han ido ajustando a las nuevas necesidades. La legalización del consumo lúdico de la marihuana en varios estados de los EUA ha distorsionado las tareas antinarcóticos, porque existe la previsión de que pronto también se legalice el consumo de drogas fuertes. Y a los EE. UU. les ha llegado la maldición de las drogas químicas sin control que se ha convertido en la principal causa de muerte de consumidores.
En este sentido, el caso Cienfuegos tiene el efecto de influir en el control estadunidense de la lucha militar contra el narcotráfico en México para subordinarlo a las directrices del Pentágono. Y ahí el general Cienfuegos fue muy reacio y resistente a entregar a los EUA la política militar contra los cárteles.
Política para dummies: La política militar, establece Machiavelli en El Arte de la Guerra, es eje de la soberanía y la sobrevivencia de los principados y de las repúblicas.
