Apenas el pasado lunes el Diario “Reforma” publicó en su primera plana algo que todos los oaxaqueños sabíamos desde hace ya mucho tiempo: el desvió de recursos del erario público a cuentas personales de funcionarios de la administración anterior. Basta con recordar que fue precisamente el hartazgo de la ciudadanía la que se manifestó abrumadoramente el pasado 4 de julio contra éste tipo de acciones que se habían convertido en el pan nuestro de cada día. El pueblo en su gran sabiduría pronto identificó y memorizó los nombres de los corruptos quienes con la mayor desfachatez hacían gala de su inmoral riqueza. Hoy el nombre de Miguel Ángel Ortega Habib es el que circula mayoritariamente, pero no es el único; hay muchos otros que se caracterizaron precisamente porque hicieron de los negocios al amparo del poder gubernamental su “modus vivendi”; incluso algunos continúan paseándose por las calles de la capital con aires de suficiencia y de cinismo.
Habrá que decirlo con toda claridad, la ciudadanía por momentos se mostraba desencantada de la nueva administración gubernamental, y es que a su entender la cárcel a los corruptos que saquearon nuestras arcas públicas debiera ser una de las primeras acciones que distinguiera una administración de la otra. Rumores de componendas y acuerdos entre funcionarios salientes y entrantes comenzaron a circular de inmediato. Nada más triste y doloroso que ello, pues hay todo un pueblo ávido de justicia y de que se que siente un gran precedente al respecto para que nunca más en Oaxaca se vuelvan a escribir esas páginas negras cimentadas en la corrupción. Incluso ante la espera, hubieron manifestaciones de personajes claramente vinculados con actos de esa índole que envalentonados cuestionaron al Titular del Ejecutivo preguntándole ¿puedes o no puedes?; por lo que hoy los oaxaqueños estamos convencidos de que sí es posible meter a esos corruptos a la cárcel previa devolución de los recursos desviados. De ahí nuestra adhesión a la propuesta lanzada desde el Congreso estatal en el sentido de que se debe embargar precautoriamente los bienes inmuebles de los funcionarios involucrados en actos de peculado, lo que sin duda hará que más de la mitad de propiedades ubicadas en San Felipe del Agua se vean afectadas por tal determinación. Hoy la gente exige “Cárcel a los corruptos”.
Qué bueno que ya la Secretaría de la Contraloría salió a declarar que a más tardar en septiembre quedarán concluidas las auditorías correspondientes; pero que malo que sea tan dilatado, porque eso puede dar pauta a que muchas “palomas” vuelen a otros lugares en donde extraditarlos y llevarlos a juicio resulte algo más que difícil. Queda claro que el proceso se está llevando en una forma responsable y que no se trata de una “cacería de brujas” sino de una auténtica revisión e investigación que no deje el menor resquicio para que ninguno de los involucrados pueda evadir su responsabilidad. Ya el Gobernador Gabino Cué ha manifestado que desde el IEEPO se financiaron estructuras partidistas, así como que existen obras que jamás se realizaron y que sin embargo fueron pagadas en su totalidad; esto habla de que hay la determinación gubernamental por hacer cumplir la demanda ciudadana de que se aplique la ley a todo aquél que se haya aprovechado de su puesto público para obtener beneficios particulares o de grupo. Sé que muchos estimados lectores me estarán pidiendo nombres, nombres; aún cuando los tengo, mientras no haya una averiguación previa de por medio, cualquiera de los que ya el colectivo menciona, en un acto de falsa dignidad sería capaz de denunciarme por calumnias y quién sabe qué tantas cosas más. Pero en su momento por supuesto que los mencionaré por sus nombres y apellidos.
Es bueno que la gente sepa que cuando se realizan investigaciones como las que les acabo de mencionar, algunos de los posibles involucrados recurren a presiones políticas para intentar desestabilizar el estado para poder estar en condiciones de buscar protección a cambio de permitir la gobernabilidad. Por qué comento esto, pues por una sencilla razón, que se sepa que no siempre los conflictos o los problemas sociales que nos afectan surgen de manera “natural” por llamarlo de alguna manera, sino que estos son alentados precisamente con esos recursos que fueron desviados con el único propósito de tener “monedas de cambio” que permitan negociar y obtener impunidad. De ahí que algunos en su desesperación porque sienten que ya la lumbre les llega a los aparejos o porque ya su fuero constitucional está próximo a concluir comiencen a realizar actos desesperados cuyo único propósito es el de generar un ambiente de inestabilidad. Obvio que las estrategias de descalificación hacia la administración que según su entender los está persiguiendo son parte de los recursos para tratar de distorsionar la realidad, sólo que olvidan que ya la ciudadanía ha madurado y ahora comprende con mayor facilidad el por qué de las cosas.
Es probable que el caso de Miguel Ángel Ortega Habib sea la punta de la madeja que lleve a otros asuntos verdaderamente importantes de desvió de recursos; aún recordamos por ejemplo que en el mes de marzo del año pasado se dio a conocer una red perfectamente estructurada de seis constructoras vinculadas a la administración anterior, donde con toda valentía se denunciaban sus mecanismos de operación y las obras fraudulentas que hasta ese entonces se les habían detectado. De ahí nuestra confianza en el Subsecretario de la Contraloría Fernando López Hernández en mancuerna con el Director Jurídico de la misma dependencia Rafael Cervantes Ortega, porque realicen un trabajo como el que siempre los ha caracterizado y concluyan con la obtención de órdenes de aprehensión en contra de quienes resulten responsables del saqueo que hoy tiene sumido a nuestro estado en un doloroso último lugar de casi todo, sin importar su jerarquía; pues esa es la demanda del pueblo oaxaqueño.
Ya lo sostenía meses atrás, los cambios en una transición democrática no son tan rápidos, pero de que llegan; ¡llegan!…hoy el clamor ciudadano es “Cárcel a los corruptos”.
