* Los conflictos más virulentos se dan entre la diputada local Liz Arroyo Rodríguez, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, joya de la corona electoral, Francisco Martínez Neri, y el diputado local Luis Alfonso Silva Romo. Sus ataques sacan chispas.
* Gracias al pleito entre comadre y compadres, el pueblo ha podido enterarse de la presunta corrupción y nexos con el crimen organizado, que obliga abrir carpetas de investigación y al INE y IEEPCO, investigar y sancionar los probables actos anticipados de campaña.
En el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego… de intereses, los demonios de la ambición política están sueltos, lo que ha degenerado en el agandalle del “toma todo”.
La codicia por los cargos de representación popular en las elecciones federales concurrentes del próximo 2 de junio se hace extensiva a los siete partidos políticos nacionales y diez en Oaxaca.
Sin embargo, es en el partido de la 4T en el poder, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) donde proliferan las campañas negras de la guerra sucia entre sus diversas tribus.
Los conflictos más virulentos se dan entre la diputada local Liz Arroyo, el presidente municipal Francisco Martínez Neri y el diputado local Luis Alfonso Silva Romo. Sus ataques sacan chispas.
Entendible, jamás justificable, porque obedecen a intereses personales, grupales y, por tanto, facciosos, muy claros y a la vista de todos. Basta ver el fierro del establo que traen en las ancas.
Gracias al pleito político-electoral entre esta comadre y compadres, el pueblo ha podido enterarse de graves acusaciones en el presunto desvío de recursos y nexos con el crimen organizado.
Si la ley realmente fuera la ley para las autoridades de los tres órdenes de gobierno, bastarían estos simples indicios para abrir carpetas de investigación que llevaran a investigar tales señalamientos.
La ley obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) a investigar y sancionar los probables actos anticipados de campaña.
Al mismo tiempo, el árbitro electoral federal y local está obligado a investigar y sancionar la compra y coacción de apoyos para participar en marchas y concentraciones, motivo de escándalo.
Además, tanto el INE como el IEEPCO están obligados a sancionar los actos anticipados de campaña con la pérdida del registro y la candidatura como resultado de la negativa de los mismos.
En la guerra sucia se inscriben, a nuestro juicio, las presiones y chantajes de los habitantes de la Agencia Vicente Guerrero de la Villa de Zaachila al bloquear por varios días la carretera a la Costa.
Fortalece esta hipótesis el reclamo al gobernador Salomón Jara, que hace 40 años como líder de la Unión Campesina Democrática (UCD) invadió los terrenos ejidales donde se ubica la Agencia Vicente Guerrero.
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