Mientras en la Suprema Corte se debate la constitucionalidad de las leyes antiaborto aprobadas por los congresos de Baja California y San Luis Potosí, el presidente Felipe Calderón pretende modificar los términos en que se firmó el Pacto de San José, relativos a la protección de la vida desde la concepción para refrendar el compromiso “con el derecho a la vida”.
En 1981, cuando se adhirió al Pacto de San José, México formuló una “declaración interpretativa” para aclarar que la obligación establecida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de proteger “en general” el derecho a la vida a partir del momento de la concepción, “no constituye obligación de legislar para proteger la vida desde la concepción, dejando claro que los Estados conservan el derecho de prever excepciones en su legislación, como es el caso de excluyentes de responsabilidad en casos de aborto”.
Mediante un comunicado, se informó que el presidente Felipe Calderón sometió a la aprobación del Senado la decisión de retirar dicha declaración interpretativa.
Con ello, el gobierno federal sostiene que “México refrenda un compromiso con el derecho a la vida, como un bien jurídicamente tutelado por el derecho mexicano.
“No tiene sentido mantener la declaración interpretativa” respecto al Pacto de San José, porque en la más reciente reforma constitucional se reconocen los derechos humanos previstos en los tratados internacionales, con el mismo nivel de protección de la Constitución.
De acuerdo con el gobierno federal, el retiro de la declaración interpretativa no tendría como consecuencia la modificación de las restricciones penales en materia de delitos contra la vida ni la regulación del aborto, toda vez que, por ejemplo, la expresión “en general” permite que la legislación civil y penal ordinaria preserve en concreto, agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad respecto al derecho a la vida.
“El retiro de la declaración interpretativa es, por lo tanto, consistente con el mandato constitucional al asumir a plenitud el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana. Es importante destacar que la decisión del Ejecutivo federal debe ser aprobada por la Cámara de Senadores para proceder al retiro formal de la declaración interpretativa”, sostiene el comunicado.
Interrupción del embarazo, un derecho: Naciones Unidas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe del Consejo de Derechos Humanos que exhorta a todas las naciones a aceptar que debe otorgarse a mujeres y niñas el acceso al aborto legal para que ellas puedan disfrutar plenamente sus derechos humanos.
El documento, redactado por el relator especial de la ONU, Anand Grover, vincula el aborto a petición con el derecho fundamental al más alto nivel de salud física y mental.
Las leyes penales que sancionan y restringen el aborto inducido son ejemplos paradigmáticos de barreras inaceptables para la realización del derecho de las mujeres a la salud y deben ser eliminadas, señala el relator en el texto.
La legalización del aborto, agrega, por sí sola, no es suficiente para que los Estados eviten violar el derecho de las mujeres a la salud, por lo que recomienda a los gobiernos tomar medidas para garantizar que las féminas tengan acceso a servicios seguros y de buena calidad.
Advierte que las interrupciones del embarazo seguras no estarán inmediatamente disponibles una vez que se despenalicen, a menos que los Estados generen condiciones en las cuales puedan ser provistas.
Estas condiciones incluyen el establecimiento de clínicas disponibles y accesibles, la provisión de capacitación adicional para médicos y trabajadores de la salud, la promulgación de requisitos de concesión de licencias y que se garantice que se dispone de lo más nuevo y seguro en medicamentos y en equipamiento.
Las mujeres, indica el texto, deben tener acceso al aborto a fin de proteger su salud mental.
Señala que está bien documentado el impacto psicológico de llevar a término un embarazo no deseado y descarta la existencia de una secuela de salud mental a largo plazo.
El relator de la ONU llama a los Estados a que “suspendan o deroguen la aplicación de las leyes penales existentes respecto de diversas formas de conducta durante el embarazo, como la relacionada con el tratamiento del feto, más particularmente el aborto espontáneo, el consumo de alcohol y de drogas, y la transmisión del VIH.
El informe considera que los Estados que reconocen el derecho a la vida del niño por nacer busquen afirmar que hacerlo no los convierte en violadores del derecho de sus ciudadanas a la vida.
Arranca discusión en la SCJN
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició ayer el debate sobre la constitucionalidad de las reformas legales en Baja California y San Luis Potosí que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
La sesión comenzó con un pronunciamiento del ministro Fernando Franco González Salas, responsable del proyecto, quien pidió “prudencia y tolerancia” ante la discusión de “tan trascendente y delicado asunto”.
En referencia a las críticas que ha recibido por argumentar la inválidez de las reformas, enfatizó que ninguna presión tiene cabida en la Corte.
“Expreso de manera categórica mi absoluto respeto a todas las opiniones que se han manifestado, aun las que han sido en contra o aquellas que no comparto, pero lamento las de quienes en uso indebido de ese derecho, denigran, descalifican y ofenden a los que no sostienen sus puntos de vista o piensan igual que ellos”, indicó. Después, el ministro Sergio Aguirre Anguiano fijó su postura contra el proyecto y señaló que plantea una “supuesta colisión” entre el derecho a la vida y los derechos de las mujeres.
Además, argumentó que el reconocimiento a la vida en la Constitución de Baja California es acorde con la Constitución del país e invitó a los ministros: “Vuélvanlo a leer”.
“El derecho a la vida, tal y como está abstractamente establecido en la Constitución local, es una norma que resulta armónica con los artículos de la Constitución federal y de la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostuvo Aguirre.
El ministro Luis María Aguilar defendió la inconstitucionalidad de las reformas, pues consideró que las constituciones locales no pueden definir principios que le corresponden a la Carta Magna.
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