Un día después de que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa reveló que 33 exfuncionarios estuvieron implicados en el crimen de Estado que llevó al asesinato de los 43 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, la Fiscalía General de la República (FGR) libró una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial quienes ejecutaron la orden de captura cuando Murillo Karam salía de su domicilio en las Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con la FGR, el exfuncionario enfrentará imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.
“La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona, sin ningún problema; ya que la misma colaboró con las autoridades policiacas sin oponer resistencia, una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo”, explicó la FGR.
En su informe, la comisión especial del caso Ayotzinapa señaló omisiones graves de los diferentes órdenes de gobierno e instituciones, particularmente la otrora PGR, en el asesinato de los estudiantes.
Salvador Padilla, quien será el defensor del también exgobernador de Hidalgo, indicó a Forbes México que la detención es por la relación de Murillo Karam con el caso Ayotzinapa.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló ayer que antes del 14 de septiembre de 2014, el Ejército mexicano infiltró a un soldado a fin de conocer las acciones de los normalistas previo a la conmemoración de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
“Desde el momento en que se estaban haciendo los preparativos de la movilización de los estudiantes, de cara al 2 de octubre, todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones de los estudiantes.
“Tan es así que impidieron la toma de los autobuses, pero además la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la Normal al soldado Julio César López, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la Normal”, expuso Encinas ante los padres de los jóvenes asesinados.
En ese sentido, el exfuncionario concluyó que el caso de la desaparición de los estudiantes se trata de un crimen de Estado y que la “verdad histórica” presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó la verdad de los hechos.
“Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, afirmó.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el crimen no será cerrado y que los exfuncionarios implicados deberán responder ante el Poder Judicial por sus acciones a 8 años de los sucesos en Iguala, Guerrero.
Forbes
