Urge homologar las leyes estatales con el Código Federal para castigar con cadena perpetua la trata de personas, señaló la Presidenta de la Comisión Especial en la materia en el Congreso, Rosy Orozco.
La legisladora panista reconoció que solamente el distrito federal es ejemplo nacional de cómo castigar a aquellas personas que ejercen la esclavitud moderna.
Agregó que la trata de personas debe asumirse como un tema de seguridad nacional, porque es un delito que genera ganancias sólo superadas por el narcotráfico y el tráfico de armas.
“Vale más vender un niña a un extranjero que un kilo de cocaína”, denunció la representante popular quien reveló que el delito pone en riesgo la seguridad de 31 millones de niños, de los cuales 20 mil son víctimas.
Llamó a poner atención especial en los llamados paraísos del comercio sexual como son los destinos turísticos y colocó como focos rojos Cancún, Quintana Roo; Acapulco, Guerrero; Mazatlán, Sinaloa; Cabo San Lucas, Baja California y Huatulco, Oaxaca”.
Denunció que en estos sitio se ha detectado que extranjeros llegar a violar a menores de edad a cambio de dólares.
Orozco puntualizó que la propuesta de ley general que ha presentado al pleno de la Cámara de Diputados ventila,- incluso la cadena perpetua- si se tratara de funcionarios públicos o sacerdotes involucrados en los ilícitos o si se llegara a registrar antecedentes de tortura.
En otro de los puntos se destaca ofrecer una reparación del daño a las victimas por el delito, reincorporándolas nuevamente a la sociedad.
“Actualmente hay una ley, que rige en algunos estados, pero esta es muy carente y urge adecuarla, homologarla con un marco federal para que el territorio nacional este protegido y blindado”
De acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR) existen integradas al menos 50 averiguaciones previas en el país por este delito y 200 actas circunstanciadas.
La fiscal encargada, Sara Irene Herrerías, reportó que uno de los casos que se detectó fue una presunta vinculación de bandas intencionales de tratantes de blancas que operaba en Tlaxcala y tenían su centro de operaciones en Atlanta y Miami, en Estados Unidos.
Dijo que con apoyo de la SIEDO se logró rescatar a cuatro mujeres que eran prostituidas condicionadas y amenazadas tras el secuestro de sus hijos.
Mientras tanto, en Oaxaca hay un total de 10 denuncias, entre ellas quejas por la venta de mujeres en pueblos indígenas, robo de menores para tráfico de órganos sin dejar a un lado la explotación laboral y sexual en perjuicio a personas de bajos ingresos.
La Procuradora de Justicia del estado, María de Luz Candelaria Chiñas, reportó que puntos focales de presuntos casos de trata de personas se han identificado en la región del Istmo de Tehuantepec y la Costa, donde hay presunto turismo sexual y plagio de mujeres extranjeras, en último caso con vínculos con bandas ligadas al crimen organizado.
Aunque también narro de posibles casos en las zonas rurales, particularmente en la región Sierra y la mixteca.
“Los grupos llegan las compran o las roban mediante engaños a las familias, después son anestesiadas y posteriormente las intervienen quirúrgicamente para extraerlos los órganos, al parecer para ser comercializados en la frontera norte”.
En cuanto a las investigaciones por la inserción de anuncios clasificados en los periódicos, donde se ofrece la explotación sexual de menores, aclaró que los gobiernos estatales están impedidos para enfrentar los casos, por lo que urgió la intervención del ámbito federal.
La procuradora de Oaxaca no descartó que en las redes de complicidad por la trata de personas puede haber vinculados desde policías hasta servidores públicos o empresarios.
“Lamento que en ocasiones las indagatorias no avanzan por el grado de complejidad de las redes de complicidad y la falta de denuncia de las propias víctimas y testigos de los hechos, además de las lagunas legales que tiene la propia ley local”.
