Aun cuando la demanda de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Oaxaca ha sido politizada, partidizada e ideologizada, por los grupos feministas de izquierda, ésta es urgente.
Y lo es, por la creciente violación de los derechos humanos de las mujeres por la violencia intrafamiliar y social y, sobre todo, por los crímenes de odio en los crecientes feminicidios.
El mayor obstáculo para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género callado oficialmente, es el acoso laboral y sexual en los partidos políticos, el magisterio y los diversos órdenes de gobierno.
Primero está comer y después ser cristiano. El hambre, que nunca han sentido gobernantes y altos funcionarios y políticos, es cabrona. Por hambre, se vende el cuerpo y, después la conciencia.
Lo de menos es la venta del voto en el actual proceso electoral. Para comer, se requiere, obligada y necesariamente, contar con trabajo. Y en pleno Siglo XXI persiste el derecho de pernada.
Conseguir un espacio laboral a lista de raya, contrato o bien, una plaza sindical, en los gobiernos federal, estatal y municipal, generalmente obliga a las mujeres a soportar ebrio al jefe en la cama.
A ello, se suman los intereses económicos y compromisos políticos de los poderes fácticos, iglesias y sectores empresariales. Abundan los casos de patrones que abusan y violan a sus trabajadoras.
Muchos oaxaqueños mantienen silencio cómplice sobre la identidad de los empresarios probables responsables de abusos y violaciones, gasolineros y colchoneros, cuyo dinero garantiza impunidad.
Para lograrlo, a pesar de las denuncias penales correspondientes, estos empresarios se han hecho compadres de gobernadores y secretarios generales de Gobierno, y financian campañas políticas.
Lo peor de todo es que, si no forman parte de sus “mafias” político-partidistas o “capillas” sexuales, a las feministas de izquierda no interesa la defensa de los derechos de las mujeres.
Estas dirigentes, cuyos nombres son de sobra conocidos por la mayoría de los oaxaqueños, están dedicadas a la defensa de activistas de la Sección XXII de la CNTE y de las organizaciones sociales.
En la búsqueda de impunidad de los milicianos de los grupos armados cuentan con el apoyo de la Defensoría de los Derechos Humanos y de los curas seguidores de la Teología de la Liberación.
Unos y otros son hijos de la mentira, hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro, desde el sacerdote guerrillero Wilfrido Mayrén hasta Arturo Peimbert y Flavio Sosa.
Los capos de esta mafia, se han ido apoderando, particularmente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), órgano autónomo defensor de los derechos humanos.
Con apoyo de organismos de izquierda supuestamente defensores de los derechos humanos como Cencos y Serapaz, han impuesto a sus cómplices en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como en es el caso de María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, tapadera de Gabino Cué.
Para presionar y chantajear al gobierno federal y estatal santifican a los activistas y milicianos de la educación que cometen graves delitos, como el secuestro de niños, llamándoles “presos políticos”.
Es buen principio que a un año de la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en julio de 2017, la Fiscalía General publicó el Protocolo Alerta Rosa para el Estado de Oaxaca.
Rubén Vasconcelos ratifica así el firme compromiso de garantizar, la búsqueda e investigación inmediata del paradero de las mujeres desaparecidas o no localizadas, que es un grave problema.
El objetivo es establecer mecanismos que permitan la búsqueda de oficio sin dilación alguna, para localizar en el menor tiempo posible y a salvo a mujeres desaparecidas o no localizadas en Oaxaca. Es vital proteger preponderantemente su vida, libertad e integridad personal, eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o retarde su inicio.
La coordinación eficiente y eficaz de la burocracia de los tres órdenes de gobierno es el mayor problema a enfrentar para garantizar la búsqueda de las mujeres desaparecidas o no localizadas.
Para efectos prácticos, el Protocolo puede terminar en simple buena intención, no obstante el loable propósito de velar por el respeto a los derechos humanos de las mujeres oaxaqueñas.
Oaxaqueños medianamente informados no ignora que algunos titulares y comandantes de las corporaciones policiacas están involucrados en la trata de mujeres y la prostitución de éstas.
Su creación e implementación se estableció en las reformas a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia de Género, publicadas el pasado 8 de diciembre de 2017.
Vasconcelos Méndez cumple su obligación de respetar y hacer respetar la Ley, empezando por hacerlo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Oaxaca.
La primera establece en su artículo 1º la obligación por parte de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de todos los mexicanos, en los términos que establezca la Ley.
La búsqueda por parte de mujeres desaparecidas o no localizadas es un deber natural y jurídico, enmarcado en los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
Para cumplir con esta obligación, se deben implementar en especial programas de búsqueda de mujeres desaparecidas o no localizadas de oficio, sin ninguna dilación, establecer un trabajo coordinado con las diversas dependencias para dar con el paradero de la persona.
Otra obligación es investigar efectiva y exhaustivamente las desapariciones y no localizaciones de las mujeres, deber que se conjuga con diseñar acciones de prevención y sanción de los delitos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos valoró positivamente la creación en 2009 del “Operativo y Protocolo Alba”, para brindar mayor atención a la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez.
La sentencia dictada en contra del Estado Mexicano el 16 de noviembre de 2009, estableció los parámetros que los dispositivos de búsqueda deben contener para hacer efectiva la localización de mujeres.
Por tal motivo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, tiene el propósito de crear un instrumento jurídico homologado al Protocolo Alba de los diferentes Estados de la República.
El objetivo principal es llevar a cabo acciones inmediatas, prácticas, evaluables y exigibles, para cada una de las instituciones y servidores públicos intervinientes en la búsqueda de una niña, adolescente o mujer desaparecida.
La Fiscalía General, cuenta con la Unidad de Búsqueda de Personas No localizadas. Área especializada que brinda atención a los casos de personas no Localizadas en la Ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.
Depende de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, siendo el objeto de la citada Unidad, la localización de las personas y el esclarecimiento de los hechos acontecidos.
Conforme a lo establecido en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia de Género, el Protocolo Alerta Rosa contará con un Comité Estatal, presidido por el Fiscal General o la persona que para tal efecto él designe.
La Secretaría Técnica será ocupada por la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, que se encargará de convocar a sus integrantes para la conformación e instalación del grupo y sesionará ordinariamente por lo menos dos veces al año y extraordinariamente las veces que sea necesario.
Integran el Comité Estatal los titulares de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría y Servicios de Salud de Oaxaca, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Asuntos Indígenas.
Otras dependencias y organismos que integrarán el Comité Estatal del Protocolo Alerta Rosa son, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¡Esperamos que realmente trabajen!
@efektoaguila
