Ante una oleada de inhabilitaciones de sus líderes, los opositores venezolanos lanzaron una petición de auxilio a México.
En diálogo con REFORMA, la ex diputada María Corina Machado instó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso mexicano a pronunciarse a favor de la democracia frente a su inhabilitación y la de otros cuatro líderes opositores.
Dicha medida les prohíbe ejercer cargos públicos y postularse a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre en Venezuela.
“Hago un llamado al Gobierno y al Congreso mexicano para que condenen estas medidas que no sólo violentan la democracia venezolana, sino que lesionan el Estado de derecho de toda la región”, dijo Machado.
Según la Contraloría General de la República del país sudamericano, los líderes de la Oposición violaron la Ley Anticorrupción venezolana.
El primero de los afectados, el ex Gobernador y ex candidato presidencial Manuel Rosales, fue inhabilitado en junio por siete años y seis meses.
En las últimas dos semanas fueron inhabilitados el resto: Machado, durante un año; los ex Alcaldes Daniel Ceballos y Enzo Scarano, también por un año, y el ex Gobernador Pablo Pérez, por 10 años.
A cinco meses de que se celebren las elecciones parlamentarias, las inhabilitaciones amalgaman a los partidos opositores alrededor de los dirigentes sancionados.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, señaló que la dirigencia del grupo acudirá a Unasur y a la Organización de Estados Americanos para denunciar las medidas como amenazas a la democracia en Venezuela.
“El Gobierno (del Presidente Nicolás Maduro) quiere determinar el perfil de la oferta electoral de la Oposición. Esto es fraude. A cada inhabilitación se responderá con una avalancha de votos”, apuntó Torrealba.
La MUD alega que las inhabilitaciones son inconstitucionales porque no fueron decididas por jueces penales a través de sentencias firmes, tal como lo estipulan la ley.
Desde el oficialismo, sin embargo, aseguran que estas sanciones sólo hacen cumplir la ley.
“En el chavismo también hay dirigentes que están siendo investigados por malos manejos de recursos públicos. Por eso no participaron en nuestras primarias y están a la espera de que las instituciones tomen las decisiones que consideren pertinentes”, explicó a REFORMA el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Juan Ángel Soto, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
“Aquí no se investiga a las personas por su afinidad política, sino por su desempeño”, reiteró el parlamentario.
Soto descartó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorice la postulación de Machado o de cualquier dirigente de otra tolda política que esté penalizado para ejercer cargos públicos.
Hasta el momento el CNE no ha emitido declaración al respecto y la MUD insiste en que inscribirá a estos dirigentes como candidatos a parlamentarios el próximo 3 de agosto.
Jesús María Casal, experto en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, recordó una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el primero de septiembre de 2011.
Ésta hace referencia a la inhabilitación de Leopoldo López, quien está preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el año pasado, y refiere que las inhabilitaciones sólo proceden cuando existe una sentencia firme de un tribunal y no a través de procedimientos administrativos de otras instancias.
En diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República afirmó que las penas de seis y tres años por dos casos de inhabilitación política contra López se suman, por lo cual no puede postularse a cargos públicos hasta 2017.
Abogados constitucionalistas han señalado, sin embargo, que las sanciones debieron cumplirse en paralelo, como ocurre con las sentencias penales, por lo cual la inhabilitación habría cesado el año pasado.
LLEGAN SENADORES ESPAÑOLES
Los senadores españoles invitados por la Oposición venezolana llegaron ayer a Caracas en una visita que se prolongará hasta mañana.
Los legisladores tratarán de visitar a los que consideran como presos políticos del Gobierno venezolano.
Entre los asistentes figuran el senador por el gobernante Partido Popular Dionisio García; Iñaki Anasagasti, del Partido Nacionalista Vasco; Andrés Gil García del Partido Socialista Obrero Español, y Josep Maldonado de Convergència y Unió.
También se espera la llegada de un grupo de legisladores uruguayos.
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