El Senado alista cambios a la minuta de Ley Federal de Archivos enviada por los diputados, que permitiría abrir en un lapso posterior de los 30 años los documentos de carácter histórico, clasificados hasta hoy como reservados.
Además, prevé sanciones para empleados que les den otro uso a los archivos a su cuidado, a fin de evitar un caso como el de WikiLeaks.
En el dictamen circulado por la Comisión de Gobernación a los senadores para su revisión, se detalla que también se buscan evitar casos como el de WikiLeaks, al establecer un capítulo de sanciones para los empleados que retiren archivos a su cuidado y les den otro uso que no sea el oficial en los tres poderes de gobierno y organismos autónomos.
El Senado discutirá esta semana en comisiones la minuta enviada por los diputados el pasado 2 de abril de 2009, en la que se busca armonizar este rubro con las reformas de 2007 al artículo 6 constitucional en materia de transparencia.
En ese sentido, la colegisladora planteó que se requiere una política de Estado comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas.
De esta forma, la Federación, las entidades federativas y el DF deben proporcionar, a través del uso remoto de mecanismos o medios electrónicos, sus principales indicadores de gestión y la información sobre sus actividades para una adecuada rendición de cuentas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente.
Sin embargo, se carece de una ley en la materia, por lo que el Senado avala esta legislación que permitirá contar con información actualizada y confiable.
No obstante, se proponen diversos cambios para fortalecer el nuevo ordenamiento, co-
mo el aprovechamiento público de la información que forma parte de los archivos históricos y que requiere que estos últimos tengan el carácter legal de fuente de acceso público.
Los senadores consideran que “no es suficiente que una de las tareas del archivo histórico sea divulgar la memoria documental institucional, sino que es necesario que quede establecido en ley que los documentos que obran en esos archivos son de naturaleza pública”.
Se argumenta que la presencia de un documento en el archivo histórico significa, de manera inevitable, que dicho documento perdió sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, y que debe conservarse al tener otro tipo de valores como los evidenciales, testimoniales e informativos.
Se establece que el hecho de que los archivos históricos adquieran una naturaleza pública de oficio, permitirá el acceso sistemático a información que aporta precisión y certeza sobre datos del quehacer gubernamental, lo cual abonará a la rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública.
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