El gobierno mexicano negocia un acuerdo de alcance multinacional que, de acuerdo con organizaciones civiles, limita la libertad de acceso a Internet y obliga a los proveedores del servicio a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual.
El conjunto de compromisos considera la aplicación de sanciones contra aquellos proveedores que no realicen esas tareas de fiscalización, revela un documento secreto que recoge los acuerdos a que han llegado hasta ahora varios países y que Wikileaks entregó a organizaciones y medios en el mundo, entre ellos La Jornada, en exclusiva para México.
Cuando ocurra una disputa por difusión de contenidos con derecho de autor en Internet, la controversia será dirimida por un panel internacional cuyas decisiones deberán ser acatadas por los países que suscriban dicho acuerdo, aun si contraviene sus legislaciones locales, según el más reciente borrador del capítulo Propiedad intelectual que una docena de gobiernos, entre ellos el de México, negocian en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
Convenio sin transparencia
La negociación de este acuerdo, en el caso de México, no ha ido acompañada de un debate público sobre sus alcances, a diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, cuando se discutió la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los alcances del TTP en cuanto a la regulación de Internet, tienen como antecedente en México el compromiso contraido por el gobierno cuando en 2012 firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Acta), para revisar y, en su caso, modificar las leyes de Propiedad Industrial, Federal de Derecho de Autor y Aduanera.
Las revelaciones sobre la negociación que realizan 12 países en el contexto del TPP confirma que la administración de Estados Unidos busca obtener reglas comerciales que limitarían la libertad de Internet a lo largo de la región Asia Pacífico, comentó Public Citizen, una de las principales organizaciones de defensa de consumidores en Estados Unidos, respecto del documento filtrado por Wikileaks a La Jornada.
Los proveedores de servicios de Internet tendrán que cooperar con los dueños de los derechos de autor para impedir la piratería, y tendrán que acatar sus solicitudes de bajar contenido, en caso de que prospere ese capítulo del TPP, dijo a este diario Burcu Kilic, experto en temas de propiedad intelectual de Public Citizen.
En la negociación del TPP participan los gobiernos de 12 países de la región del Pacífico, cuyas economías generan 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.
Las negociaciones abarcan agricultura, servicios, compras de gobierno, regulación y controversias, entre otras áreas. El documento entregado a La Jornada sólo incluye el estado actual de la negociación en el tema de propiedad intelectual.
De acuerdo con el borrador, incorporar el tema de los derechos de propiedad intelectual al TPP busca dar más “relevancia al papel de la propiedad intelectual en promover el desarrollo económico y social, particularmente respecto de la nueva economía digital, innovación tecnológica, transferencia y el intercambio de tecnología y comercio”.
La regulación de la propiedad intelectual en el TPP, según el documento, pretende reducir las barreras al comercio y la inversión a partir de promover una integración económica más profunda mediante una efectiva y adecuada creación, utilización, protección y legislación de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta los diferentes niveles de desarrollo económico, así como la capacidad y las diferencias de los sistemas legales nacionales.
Mientras no hay información respecto del nivel de conocimiento que el público y los congresos de los países tienen sobre el alcance de la reglamentación del uso en Internet planteada en el TPP, por lo menos 600 compañías estadunidenses, incluidas de tecnología, farmacéuticas y de alimentos, tienen acceso al proceso de negociación y brindan consejos sobre las políticas, aseguró Burcu Kilic.
El borrador que recoge el proceso de negociación de los 12 gobiernos establece que los países deberán limitar la disponibilidad o establecer acciones contra los proveedores de servicio de Internet (PSI) que permitan que circulen por sus redes contenidos que infrinjan los derechos de autor, o derechos relacionados, que hayan sido subidos a la red por otras personas y sobre los cuales el autor haya reclamado los derechos.
La regla negociada en el TPP se aplicaría a contenido protegido por derecho de autor en los casos en que el PSI lo transmita, lo hospede en su red o lo conserve en sus sistemas. El documento señala que habría incentivos legales para que los PSI acaten estos procedimientos o acciones contra los PSI que no lo hagan. Según el borrador, el gobierno canadiense propuso incluso que sean removidos los materiales o que se limite el acceso al contenido.
Otra de las restricciones contenidas en el borrador es que ninguno de los países que participen en el TPP puede permitir la retransmisión de señales de televisión abierta por cable o satelital mediante Internet sin autorización del o los propietarios de los contenidos.
Claudio Ruiz, presidente de la organización chilena Derechos Digitales, explicó que estas medidas crean nuevos derechos que en la esfera internacional no han tenido consenso durante los 15 años recientes, como es el uso de contenidos. Se aumentan los plazos de protección en materia de derechos de autor hasta casi duplicar los estándares internacionales y crea nuevos derechos que no existen en ningún instrumento de propiedad intelectual, que pueden significar serias desventajas para el acceso al conocimiento y la cultura.
Propuesta controvertida
El borrador recoge la propuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Perú para que se creen los mecanismos legales que permitan una acción efectiva contra cualquier violación a los derechos de autor considerados en el documento, incluidas acciones expeditas para prevenirlas, así como la posibilidad de imponer sanciones penales y civiles. A esta propuesta se oponen Brunei, Vietnam, Canadá y México.
El texto incluye propuestas inspiradas por Hollywood y la industria de la música para limitar la libertad de Internet y el acceso a materiales educativos, con la finalidad de forzar a los proveedores de Internet a actuar como quienes vigilan los derechos de autor y cortan a la gente el acceso a Internet, dijo Burcu Kilic.
Estas propuestas no son populares en el mundo y han llevado a una parálisis en la negociación. Será muy difícil que concluya, porque hay más de cien diferencias entre los negociadores.
Las propuestas contenidas en el borrador avanzan en la dirección que llevaba la llamada Ley para detener la piratería en línea, conocida como SOPA, afirmó Claudio Ruiz a La Jornada.
Las siglas SOPA hacen referencia a una iniciativa que surgió en el Congreso de Estados Unidos en 2011 y que tenía como finalidad expandir al mundo las atribuciones de la ley estadunidenses para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet.
El documento filtrado es el capítulo relacionado con Propiedad intelectual y fue producido y distribuido en agosto de este año, luego de la 19 ronda de negociaciones en Bandar Seri Begawan, Brunei. Los ocho medios y organizaciones a los cuales Wikileaks entregó el material son: La Jornada; Fairfax (Australia); CIPER y Derechos Digitales (Chile); New Zealand Herald (Nueva Zelanda), Knowledge Ecology International, McClatchy y Public Citizen (Estados Unidos)
La Jornada.
