Hace cuatro meses, el miércoles 16 de febrero, la Agencia JM difundió (y hoy se reproduce) que alrededor de 12 mil concesiones para el servicio de taxis de diversos sitios de la ciudad y foráneos fueron autorizadas en los últimos dos meses de la administración de Ulises Ruiz, sin cubrir los mínimos requisitos de la Ley Estatal de Tránsito y su Reglamento.
Esta actitud de la pasada administración gubernamental, mantiene indignados a los trabajadores del volante, luego de conocerse que sus dirigentes no son ajenos a éste abuso de poder, por lo que el conflicto podría estallar cuando los taxis irregulares pretendan salir a la circulación.
Y es que los más de 12 mil taxis, cuyas concesiones fueron autorizadas vía “fast track” sólo por “orden superior” todos ellos sin contar con los 17 requisitos que marca la Ley de Tránsito del Estado, sin haber cubierto con el procedimiento administrativo, que dura en promedio de cinco a seis meses.
Los taxistas, cuya identidad se omite, establecieron que los nuevos concesionarios solamente se amparan en el título ó concesión y el recibo correspondiente por el costo del documento, que es de 11 mil 800 pesos, pero sin contar con el expediente requerido.
Otra fuente consultada en las oficinas de la Coordinación de Tránsito del Estado, confirma que son miles de concesiones que fueron otorgadas sin cubrir el mínimo requisito legal, entre ellos, el estudio socio-económico, la publicación de la convocatoria correspondiente para el otorgamiento del servicio de transporte público en su modalidad de taxi, así como el apersonamiento de los solicitantes y las cartas de anuencia de las autoridades municipales y de los sitios de taxis, entre otros documentos.
En los miles de casos de las concesiones otorgadas “al vapor”, no existe ningún expediente, ni siquiera la solicitud correspondiente, y solo se han encontrado tarjetas firmadas por el ex titular de la COTRAN, Gonzalo Ruiz Cerón, en el que se ordena otorgar el título al beneficiario, sin más requisito que la orden recibida de “arriba”.
De acuerdo a la información de los trabajadores, la entrega de las concesiones irregulares se hizo más por intereses económicos que políticos, aunque hay cientos de ellas que fueron otorgadas a choferes y “guaruras” de ex funcionarios de la pasada administración.
Se estableció que por cada concesión entregada, funcionarios de la COTRAN cobraron entre 20 mil y 60 mil pesos, valiéndose de gestores o dirigentes de taxistas locales y foráneos, lo que les generó millonarias ganancias.
De estas irregularidades, la responsabilidad recae en el ex titular de la COTRAN, por haber violado la Ley Estatal de Tránsito.
Agencia JM
