Llevando como bandera política el boicot al proceso electoral del próximo 7 de junio, al utilizarlo como su último recurso para lograr la liberación de los presos políticos y la aprobación de la Ley Estatal de Educación con el contenido del PTEO, la Sección 22 de la CNTE, “va por todo o nada”.
De acuerdo a la convocatoria acordada por la Asamblea Nacional Representativa (ANR), y ratificada por la Asamblea Estatal Permanente, las movilizaciones masivas en los doce distritos electorales y en la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), iniciarán a partir del 15 de mayo, en el marco Día del Maestro.
Según el documento acordado por la ANR, las demandas centrales que la CNTE ha puesto sobre la mesa, son dos: la liberación inmediata y sin condiciones de los “presos políticos” detenidos en los Centros Federales de Rehabilitación Social (CEFERESO), y la aprobación de la Ley Estatal de Educación que incluye el Plan para la Transformación Educativo de Oaxaca (PTEO), que fue producto de los 37 foros organizados por la Sección 22 de la CNTE.
Los cinco “presos políticos” recluidos en los penales de alta seguridad de Guadalajara y Nayarit, acusados del secuestro de dos menores de edad, sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, son los profesores Lauro Atilano Grijalba, Mario Olvera Osorio y los activistas integrantes del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa.
Entre su pliego de demandas presentadas ante la Secretaría de Gobernación, la Comisión Única Negociadora de la CNTE, ha insistido en la liberación de los cinco llamados “presos políticos”, a quienes los cuerpos de inteligencia del anterior gobierno federal, que encabezó Felipe Calderón, los identificaron como integrantes del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Como propio, el gobernador Gabino Cué Monteagudo acompañó a la Comisión Política de la Sección 22 de la CNTE a una mesa de trabajo en la que participarían funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública, para discutir sobre la posible liberación de los presuntos secuestradores.
Utilizando al proceso electoral del 7 de junio, como bandera política para presionar al gobierno federal y lograr su objetivo, la Sección 22 de la CNTE tiene en la mano su último recurso, de lo contrario, todo quedará como una estrategia político-sindical y tendrán que buscar nuevas estrategias de lucha.
AGENCIA JM
