El dictamen presentado por las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, que contiene reformas, adiciones y deroga diversas disposiciones en diez ordenamientos jurídicos relacionados con la miscelánea penal, fue aprobado por el Pleno con 109 votos a favor y 5 en contra.
“Este dictamen contiene una serie de modificaciones que resultan necesarias para corregir algunos cabos sueltos en la legislación, ahora que nos encontramos en la víspera del cumplimiento del nuevo sistema de justicia penal”.
“Se trata de modificaciones que se derivan de la praxis en aquellas entidades en las que ya se encuentra operando el sistema acusatorio, con el único afán de contribuir a fortalecer nuestro nuevo sistema de justicia, como uno democrático y con perspectiva de Derechos Humanos”, expuso.
Los senadores reformaron el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal.
Así como la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política; la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución.
También la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley Federal de Defensoría Pública; el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
Las distintas reformas, detalló Benjamín Robles, obedecen a cuatro ejes fundamentales: primero, la certeza jurídica; segundo, la defensoría pública adecuada; tercero, las resoluciones eficaces; y cuarto, se privilegia la igualdad para las partes.
No obstante, ante sus compañeros precisó algunas observaciones: algunas figuras, en su opinión, subrayó, son incompatibles con el paradigma del Derecho Penal del acto, que se instauró con el nuevo sistema.
Se mostró preocupado porque se nieguen las prerrogativas del artículo 55 del Código Penal Federal a personas mayores de 70 años o afectadas por enfermedad grave o terminal, cuando se trate de los delitos que ameritan prisión preventiva y los de secuestro.
“Quizá esto sea políticamente incorrecto decirlo y por ello aclaro mi postura”, puntualizó.
