El 41º aniversario del golpe militar que derrocó a Salvador Allende en el 11-S chileno ha vuelto a situar a Chile frente a los traumas del pasado de la dictadura y ante la necesidad de cerrar heridas. Por ello, y en cumplimiento de una de sus promesas electorales, el Gobierno de Michelle Bachelet ha aprovechado la fecha para anunciar su decisión de anular la ley de amnistía que en 1980 blindó jurídicamente a los militares y civiles acusados de haber violado los derechos humanos.
Los ministros de Justicia y de Presidencia, José Antonio Gómez y Ximena Rincón, respectivamente, han sido los encargados de comunicar la intención der Ejecutivo de “dar curso a una discusión parlamentaria” sobre la controvertida norma. La ley elaborada por el régimen de Augusto Pinochet no se está cumpliendo en la práctica: los tribunales no la aplican. De lo contrario, muchos militares no habrían sido procesados o condenados a partir del año 2000 cuando, tras el retorno de Pinochet procedente de Londres, se inició la ofensiva judicial contra los responsables de la represión. No obstante, los organismos humanitarios creen que la anulación tendrá efectos prácticos y simbólicos.
El proyecto para anular la ley de amnistía es del 2006 pero nunca pudo avanzar en el Congreso. La iniciativa, promovida por el senador del Partido por la Democracia (PPD, socialdemócrata) Guido Girardi busca, según el ministro Gómez, “adecuar la legislación chilena a la legislación internacional, lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha”. El Gobierno pretende también crear una subsecretaría de Derechos Humanos que funcionará en la órbita del ministerio de Justicia.
PRISIÓN PARA UN DIPUTADO EXMILITAR
El anuncio de la anulación de la ley de amnistía se produce el mismo día en que la jueza Ema Díaz ha procesado y enviado a prisión al diputado de Renovación Nacional (RN, conservador) Rosauro Martínez, que perdió su condición de aforado meses atrás en el marco de una causa en la que se investiga el asesinato de tres opositores de la dictadura. Martínez era entonces oficial del Ejército. “Mi proceder en ese enfrentamiento fue de acuerdo a los procedimientos establecidos”, declaró sobre el operativo que comandó en 1981 y en el que resultaron muertos tres integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Pasado y presente se han entrelazado este jueves en las calles y en la sede del Ejecutivo chileno. Ha habido manifestaciones y disturbios en la periferia capitalina. Las autoridades han informado de la muerte de una mujer a consecuencia de un disparo. Lejos de las zonas más calientes de Santiago, en un acto oficial, se ha recordado a los que fallecieron a partir de aquel 11 de septiembre de 1973, hace ya 41 años.
PASADO Y PRESENTE
La Agrupación de Familiares de Detenidos le ha pedido a Bachelet que cierre el penal de Punta Peuco, donde los militares condenados por delitos contra los derechos humanos cumplen sus penas en condiciones de llamativa comodidad. La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, ha reclamado al Gobierno que cierre esa cárcel como lo hizo el anterior presidente, Sebastián Piñera, con Cordillera, la otra ‘prisión-hotel’ del país. “A más verdad, a más justicia, pero con medidas concretas”, ha exigido Pizarro.
La evocación de los días terribles de la dictadura no solo ha estado en las calles. En un cine de Santiago se ha estrenado ‘Las Niñas Quispe’, una película de Sebastián Sepúlveda que cuenta la historia de tres mujeres de la etnia colla que en 1974 se ahorcaron tras la llegada de los militares al sector cordillerano cercano a Copiapó.
En este contexto, la prensa chilena ha revelado nuevos documentos desclasificados en Estados Unidos según los cuales la Administración de Ronald Reagan pensó a mediados de 1980, cuando arreciaban las protestas contra Pinochet, en la posibilidad de brindar asilo al dictador.
Agencias
