Luego de que la Procuraduría General de la República no supo administrar las respuestas al contradictorio y nada científico reporte del grupo de especialistas de la CIDH, la Secretaría de Gobernación tuvo que entrar al rescate para tratar de poner orden en el desorden.
El problema estuvo siempre del lado del gobierno federal: su estrategia fallida de operación política del asunto de los 43 normalistas secuestrados, asesinados e incinerados en un basurero de Cocula. A lo largo de un año, los padres de los estudiantes y sus asesores en tácticas políticas se apoderaron del discurso político mediático ante la pasividad, temores y falta de comprensión del problema en el sector gubernamental.
Al llegar a su segunda reunión con el presidente de la república, los padres de los 43 tuvieron la iniciativa del discurso político. Distraído el antes encargado del tema Aurelio Nuño con sus nuevas tareas educativas en las que por cierto está el candente tema de la sección magisterial disidente de Guerrero que opera como brazo desestabilizador del grupo de los padres de los 43, la estrategia gubernamental pareció quedar pasmada con el contenido polémico del informe de los investigadores de la CIDH.
Ante la ocupación del espacio mediático por los padres, sus protestas y la participación de aliados intelectuales como factor revulsivo para encarecer una respuesta gubernamental, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, tomó las riendas e hizo lo primero que debió de haber hecho el gobierno desde que estalló el conflicto: poner orden en el mensaje de comunicación.
Los padres de los 43 exigieron una reunión con el presidente de la república teniendo la seguridad de que no se daría y llegar con ese ambiente de tensión a la fecha del 26 de septiembre, primer año de la noche sangrienta de Iguala-Cocula. La respuesta positiva a esa reunión cambió el escenario.
Al aceptar esa reunión, Gobernación sacó al gobierno de la esquina de los golpes en el ring mediático; y si bien no ha retomado del todo la iniciativa, cuando menos contribuyó a desdramatizar y distensionar el conflicto. En el momento en que Gobernación canalizó a decisiones las protestas de los padres, el conflicto volvió a reencauzarse. El problema fue que después del reporte de la PGR en enero y el dictamen de los investigadores de la CIDH en septiembre, el gobierno se ausentó de los medios y las contradicciones se apoderaron del ambiente mediático a partir de la crítica y no de la documentación científica de conclusiones.
La estrategia de Gobernación se centró en un punto fino: desmontar el discurso de la protesta mediática de los padres, eludir los dimes y diretes en torno a temas muy concretos y comprometer al gobierno en más investigaciones. Asimismo, el gobierno federal va a reclamar al congreso el retraso del paquete de reformas que propuso el presidente de la república en la primera reunión con los padres de los normalistas.
Lo que falta por aterrizar es la responsabilidad del PRD en la tragedia de Iguala-Cocula. Y el debate en el congreso será el espacio idóneo para ajustar adeudos políticos y prorratear las culpas, a menos que el PRI consienta al PRD a cambio de alianzas legislativas futuras y siga siendo en el caso Ayotzinapa el payaso de las cachetadas.
Sólo para sus ojos:
- No bien visto en Los Pinos y menos en el PRI el autodestape del gobernador mexiquense Eruviel Ávila a propósito de su informe. Si se quiere parecer a Peña Nieto en 2009, ocurre que Ávila está en último lugar y Peña en primero.
- En el PRI preparan algún pronunciamiento para parar las autopromociones de aspirantes a la presidencia, con el dato de que en la lista de posibles sucesores está en propio líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
- El exgobernador priísta-perredista Ángel Aguirre Rivero le ha comenzado a entrar el nerviosismo porque el ambiente quiere sacrificios y él sería uno ideal para alejar al PRD del caso Ayotzinapa. Y de paso, el PRI ajustar cuentas por la forma en que abandonó el partido en 2011.
- Las encuestas sobre el 2018 comienzan a bajar a López Obrador.
@carlosramirezh
