* La Fiscalía General del Estado ha logrado importantes avances, pero numerosos casos de feminicidios y violencia contra las mujeres, siguen siendo un gran pendiente.
* Son muertes a manos de parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, y aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer.
El feminicidio o femicidio es, al igual que el infanticidio, uno de los más horrendos asesinatos crecientes en razón del género. Su tasa de crecimiento se ha disparado en México y en Oaxaca.
Son crímenes de odio, asesinatos sistemáticos o violencia mortal contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres o niñas, respectivamente, por prejuicios raciales, religiosos o de clase.
El concepto teórico define un acto de máxima gravedad, en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, con acciones de extrema violencia deshumanizante.
Los feminicidios e infanticidios generalmente implican actos brutales de tortura, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual, contra las mujeres y niñas víctimas de estos.
Ocurren en el ámbito privado y público. Son muertes de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas o familiares, asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o violadores, y aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida.
En regiones y zonas de algunos estados de la República Mexicana los niños son preferidos a las niñas, debido al interés de sus padres por ser cuidados cuando sean ancianos.
Adicionalmente, el coste de una dote, precio que la familia debe pagar para casar a una hija, es muy alto; mientras que un heredero varón traerá una dote a la familia, por la vía del matrimonio.
Diana Russell, promotora inicial del concepto, lo definió como «el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres».
De acuerdo a Russell, «el feminicidio representa el extremo de un continuum de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales como físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual -particularmente por prostitución-, abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales».
Los 411 feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1998 al 2010, fueron un escándalo mundial. Su denuncia obligó al Estado mexicano a tipificar el feminicidio como delito en el país.
Los asesinatos en la frontera fueron calificados por las investigaciones policiales como seriales y/o de carácter sexual, por violencia doméstica, feminicidio íntimo y/u odio contra las mujeres.
El 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una sentencia considerada ejemplar sobre el asesinato en 2001 de varias jóvenes mexicanas de Ciudad Juárez.
Aquel año fueron descubiertos en el «campo algodonero» los cadáveres de Claudia González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15 años, y Laura Berenice Ramos, de 17 años, junto a los restos de otras cinco mujeres que no pudieron ser identificadas. Los cuerpos mostraban signos de que las mujeres habían sido violadas con extrema crueldad.
Frente a la indiferencia y al desinterés de las autoridades mexicanas por investigar esas muertes, la abogada de las familias llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ocho años más tarde, la Corte condenó por primera vez en la Historia a un país, México, por considerarle responsable de feminicidio.
Lo declaró «culpable de violentar el derecho a la vida, la integridad y la libertad personal, entre otros delitos» así como culpable de «no investigar adecuadamente» las muertes.
Experto en el nuevo Sistema de Justicia Penal al ser en su momento promotor nacional desde la Secretaría de Gobernación, Rubén Vasconcelos, Fiscal General del Estado, da prioridad al tema.
Al tomar posesión hace dos años, uno de sus principales retos era enfrentar la ola de feminicidios –mil 336 en los gobiernos de José Murat, Ulises Ruiz, Gabino Cué y Alejandro Murat hasta mayo de 2017– y la violencia contra las mujeres oaxaqueñas.
Aun cuando la Fiscalía General del Estado ha logrado importantes avances, según los resultados que recientemente ha dado a conocer a la opinión pública, numerosos casos de feminicidios y violencia contra las mujeres, siguen siendo un gran pendiente.
Como resultado de la política que implementa la Fiscalía General para hacer frente a la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, la Institución ha obtenido en los últimos 18 meses, un total de 45 sentencias condenatorias por muertes violentas de mujeres, de las cuales, 21 se dictaron durante 2017 y 24 en 2018.
De estas sentencias, 18 fueron por el delito de feminicidio y 27 por homicidio doloso, lo que significa que se está enfrentando la impunidad que existió en los años anteriores de 2016 en estos delitos.
Es importante señalar que el efecto de este trabajo se reflejó en 2018, en la disminución en el estado del número de feminicidios ocurridos si se comparan con el número de casos registrados durante el periodo 2016-2017.
Así, durante el 2018 se registraron 38 casos de feminicidio, que en comparación con los 54 casos suscitados durante el 2017, representa una disminución de casi el 30 por ciento.
Asimismo, durante el año 2016 se presentaron 52 casos, que en comparación con las cifras de 2018, significa una reducción del 27 por ciento.
Estos logros son resultado, entre otros factores, de los cambios en la organización de la institución y de la labor exhaustiva de investigación y persecución de delitos cometidos contra las mujeres que está realizando la instancia de procuración de justicia en la entidad, labor que efectúa aplicando la perspectiva de género, bajo los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
Con estos avances y resultados, la Fiscalía General reitera su compromiso de brindar a las mujeres una procuración de justicia pronta y eficaz, contribuyendo a garantizar el respeto a sus derechos de vivir en una sociedad sin violencia.
Lamentable y dolorosamente, el feminicidio no se circunscribe exclusivamente al acto homicida, sino que se extiende a un contexto más complejo que incluye la trama social, política, cultural, institucional y económica que lo propicia, lo encubre y despliega los mecanismos para que quede impune, según la investigadora Julia Monárrez Fragoso de El Colegio de la Frontera Norte.
Apunta en otras palabras, a hacer visibles las relaciones de poder de una sociedad masculinizada, que mediante estructura, propaganda, ritos, tradiciones y acciones cotidianas, reproducen el sometimiento de las mujeres y establecen los mecanismos para ejercer la violencia de género necesaria para garantizar su preservación.
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