La LXV Legislatura local autoriza a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca suscribir el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de conformidad con el artículo 232 de la Ley del Seguro Social, a fin de garantizar la seguridad social a los trabajadores de nueva contratación.
En sesión extraordinaria, el Pleno aprobó con 32 votos a favor el acuerdo parlamentario presentado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), mediante el cual se da respuesta a la solicitud presentada por el Fiscal General del Estado de Oaxaca.
Mediante oficio SPF/189/2024, el Fiscal solicitó al Congreso de Oaxaca la autorización respectiva para que pueda otorgar en garantía con cargo a los subsidios, transferencias o participaciones de los ingresos federales que le correspondan, en términos del artículo 232 de la Ley del Seguro Social.
Lo anterior, para el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la suscripción del convenio que corresponda, para incorporar voluntariamente al régimen obligatorio modalidad 42 del Seguro Social, a los trabajadores de dicho órgano autónomo.
Por lo cual, debido a que el artículo 232 de la Ley del Seguro Social establece que en el caso de dependencias o entidades de las administraciones públicas estatales o municipales, se deberá contar con la autorización del Congreso local o del cabildo correspondientes, la LXV Legislatura local se pronunció al respecto, avalando dicho convenio.
Con ello, se autoriza a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgar en garantía con cargo a los subsidios, transferencias o participaciones de los ingresos federales que le correspondan, en términos del artículo 232 de la Ley del Seguro Social, para el cumplimiento de las obligaciones que contraiga con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la suscripción del convenio respectivo.
El objetivo es que se garantice a los trabajadores de nueva contratación de dicho órgano autónomo, su incorporación al régimen obligatorio modalidad 42 del Seguro Social, para así asegurar su derecho humano a la protección social.
“Dicha protección debe ser suficiente a fin de que todos puedan ejercer sus derechos a la asistencia familiar, a un nivel de vida adecuado y a la atención de la salud. Asimismo, debe contar con la seguridad que tendrán asistencia inmediata, sobre todo por los riesgos de esta labor, garantizando el ejercicio de sus derechos”, refiere el acuerdo parlamentario.
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