Es falso que la lucha contra el crimen sea un enfrentamiento de “buenos” contra “malos”. Esta visión maniquea de un problema social tan complejo pudo ser útil a Alejandra Sota y Felipe Calderón para justificar la guerra interior, pero nada tiene que ver con la realidad.
Una aproximación a la compleja y a manudo contradictoria composición de los “malos”, está en el origen y propósitos de las policías comunitarias que han proliferado en todo el país, principalmente en las zonas menos protegidas por la fuerza pública.
Policías comunitarios o grupos de autodefensa, los hay de todo.
En Colombia, los ganaderos crearon pequeños ejércitos de mercenarios para defender sus fincas de la guerrilla y el narcotráfico, que a la postre se separaron de sus patrones originales para dedicarse al secuestro, la extorsión y otros delitos.
En México, es muy probable que muchas de las llamadas policías comunitarias estén al servicio de las organizacionescriminales, aunque éstas suelen confiar más en las fuerzas de élite como la que dio lugar a los llamados “Zetas”, que también han logrado su autonomía.
Un grupo de fanáticos religiosos de un poblado en Michoacán ha formado y armado a sus propios policías comunitariospara preservar el orden y cobrar las aportaciones que fija una virgen. No han sido disueltos por los gobiernos estatal ni federal, pero la escuela que incendiaron tuvo que construirse en otro poblado.
Existen, sin embargo, policías comunitarios o autodefensas, que son ciudadanos que, por la inutilidad o corrupción de las Policías, han decidido protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades, cuya pobreza se acredita con los altos índices de analfabetismo, desempleo, morbilidad, mortalidad y migración, así como por sus deplorables condiciones de vida.
Algunas de estas corporaciones de pobladores han obtenido incluso el permiso de los gobernadores, lo que confirma su impotencia para proteger la vida y patrimonio de las personas: véase como se vea, en todos esos casos, así como en las muchísimas regiones gobernadas de facto por los criminales, ha desaparecido el Estado.
Por eso, los civiles armados, sean quienes fueren, están violando las leyes al utilizar armamento prohibido a los particulares, al impedir el funcionamiento normal de las autoridades municipales, al cerrar vías de comunicación, al retener a efectivos del ejército. Y el Estado debe recuperar las zonas perdidas.
Lo fue un monstruoso error y una injusticia de Calderón fue dar el mismo tratamiento a los criminales que a los pobladores que toman por su cuenta su protección, y por añadidura acusar de delincuentes a los muertos. Primero es necesario saber quiénes son los criminales y quiénes los hombres desesperados por la inseguridad que han tomado las armas, problema que se debe directamente a la incapacidad, ausencia o complicidad de las autoridades.
La naturaleza de las autodefensas no se puede averiguar en bloque, sino caso por caso, y aun así es muy difícil diferenciarlas.
¿Quiénes son, por ejemplo, los integrantes del grupo que retuvo a 60 soldados como presión para ser recibidos por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero? ¿Son gatilleros de alguna organización criminal? ¿Son paramilitares al servicio de terratenientes? ¿Son campesinos se defienden a sí mismos y a los suyos?
Cualquiera que sea ese caso en particular, es preciso desarmar a todas las autodefensas, pero también hay que darle a la gente lo que se le ha negado por siglos, como parece que se pretende hacer en Michoacán.
El desarme no entraña necesariamente el uso la fuerza pública, pero ésta puede ser necesaria contra los gatilleros, también llamados autodefensas, que pululan por todo el territorio nacional.
¿Quién es quién?
Precisamente para discernirlo deben estar los órganos de inteligencia del Estado, en los que el actual gobierno parece tener confianza.
El grupo de Tecoanapa es apenas uno de los muchos que están surgiendo como hongos en las montañas de Guerrero y Michoacán y en otras partes del país. La tarea de investigación es descomunal, y no sé si el Estado tiene recursos humanos suficientes y entrenados para realizarla.
Pero si el actual gobierno no ha de incurrir en una guerra como la de Calderón, sus órganos de inteligencia deben evaluar correctamente cada grupo armado, cada problema de violencia e inseguridad local para definir qué tratamiento diferencial habrá que darles. Y deben mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la gente.
En efecto, la inseguridad y la violencia no se resuelven con un único instrumento, sea la represión o la inteligencia. Se resuelven con un conjunto coherente de políticas que, a mi juicio, están enunciadasen el Pacto por México y fueron acordadas por el gobierno con los dirigentes formales de los tres principales partidos políticos. Ese es un acuerdo político positivo, que no debería estar en el centro de las luchas intrapartidarias.
El otro capítulo que debe esclarecerse con detalle y precisión, es con quiénes cuentan los gobiernos de los tres niveles, tanto para las labores de inteligencia como para la acción directa contra de los delincuentes.
Esto parece mucho más difícil, porque los órganos de seguridad y justicia están penetrados por la delincuencia desde hace muchos años. ¿En quiénes puede confiar el presidente para tener la seguridad de que no se filtra información a los criminales? ¿Quiénes son los cómplices a sueldo que filtran información a la delincuencia? ¿Qué tan alto ha llegado la penetración criminal a las instituciones?
Para depurar los órganos del Estado también se requiere un servicio de inteligencia eficiente y leal, y ante los signos de decadencia de la sociedad, creo que construirlo es una tarea extremadamente difícil. Pero hay que intentarlo.
