Andrés Manuel López Obrador prometió echar abajo la reforma educativa si llega a la Presidencia, y en alguna medida para eso se alió con la opositora primigenia de esos cambios constitucionales: Elba Esther Gordillo. Su alianza es electoral porque una parte importante del magisterio nacional —SNTE y CNTE— trabajarán a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, y de López Obrador; pero también es de fondo porque en ambos sectores quisieran ver desaparecida la reforma de marras. Lo cierto es que más allá de las promesas electorales, la derogación de la reforma educativa implicaría mucho más que promesas de campaña o la sola voluntad de un eventual Andrés Manuel Presidente.
En efecto, la reforma educativa fue la primera de las grandes reformas constitucionales que consiguió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hizo en los primeros meses de su gestión, cuando contaba con importantes simpatías entre la ciudadanía y con el respaldo en pleno de los principales partidos políticos entonces aglutinados en el Pacto por México. Dicha reforma estableció el mandato constitucional de la evaluación docente como mecanismo de ingreso, promoción y permanencia en el sector educativo.
Asimismo, la reforma constitucional en materia educativa sentó las bases para la elevación a rango de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como para la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene como objetivo someter a todos los docentes de educación pública básica, media básica y media superior del país, a procesos periódicos de evaluación como criterio fundamental para conservar su empleo y sus funciones como personal docente.
Derivado de esa reforma fueron emitidas diversas leyes, y fueron modificadas sustancialmente otras como la Ley General de Educación, para establecer parámetros distintos y hacerlos acordes a los requerimientos de la reforma educativa. A partir de entonces, el INEE inició los procesos de evaluación, que a la fecha han modificado sustancialmente la situación laboral de miles de maestros en el país, y también les ha permitido promociones y cambios de actividad según fuere el caso.
De hecho, desde el primer momento dicha modificación constitucional fue atacada a partir del argumento de que en realidad no era una reforma educativa, sino que sólo se reducía a una reforma laboral y administrativa al régimen de trabajo de los profesores del país. El tiempo ha demostrado la razón que tuvieron quienes aseguraron lo anterior.
Sin embargo, también es cierto que cualquier reforma debe pasar desde el inicio por la revisión del desempeño de sus operadores, en añadidura a la modificación sustantiva, que en éste caso debió haber sido también a otros rubros además del régimen laboral de los trabajadores de la educación. Hasta ahora, nada más que las propias circunstancias políticas han impedido que esa reforma perfectible pueda dar los pasos siguientes en la búsqueda de una mejor redacción y mayores alcances.
En esa perspectiva, habría que ver en términos legales cuál sería el camino hacia la derogación de la reforma educativa.
CAMINO INTRINCADO
En varias cuestiones, López Obrador ha demostrado su desconocimiento de las leyes que rigen al país —y su funcionamiento—. Fue así, por ejemplo, cuando dijo a quiénes propondría él como posibles integrantes de la terna para la elección del Fiscal Anticorrupción, cuando la Constitución establece que dichas propuestas deben emanar del Senado. Ese, si bien puede ser un error menor, sí puede ser ilustrativo de cómo una persona puede seguir suponiendo que con el hecho de llegar a la Presidencia podría gobernar por decreto, o al margen de lo que dice la legislación vigente.
Lo anterior lo aseguramos porque Andrés Manuel López Obrador puede tener la mejor intención, e incluso la convicción de derogar la reforma educativa. No obstante, él estaría obligado constitucional y moralmente a no dejar nuevamente a los niños y jóvenes del país que reciben educación en instituciones gubernamentales, sin procesos de evaluación para quienes imparten clases. Esto porque si bien ello implica un proceso administrativo, queda claro que en su ámbito de protección éste es también parte del derecho fundamental a la educación, que está determinado por el principio de la progresividad.
Por eso, de entrada López Obrador podría derogar esta reforma pero emitir otra según criterios distintos —según él más democráticos o más apegados a la realidad educativa del país—, pero no dejar al sistema educativo sin el único proceso de evaluación que ha tenido en los últimos tiempos. Así, podría pensarse en la derogación del sistema actual pero con el establecimiento de un nuevo proceso de evaluación. No hacerlo constituiría una regresión constitucional que podría a México en conflictos internos y de cara al derecho internacional de los derechos humanos.
Ahora bien, si aún así intentara hacerlo, tendría que modificar la Constitución, y para ello debería generar consensos que quién sabe si logre. En los últimos veinte años, el congreso mexicano no ha tenido mayorías definidas. Incluso en las dos últimas legislaturas, las mayorías que ha construido el PRI han sido ligeramente superiores a la necesaria para la emisión de la modificación a una ley ordinaria (para la que se necesitan la mitad más uno de los miembros presentes de la Cámara de que se trate, al momento de la votación).
El propio sistema constitucional de las mayorías en la integración de las cámaras legislativas, impide que un solo partido tenga la mayoría necesaria como para modificar la Constitución. Morena no va aliado más que con fuerzas minoritarias, y en caso de mantener su coalición después de 2018 (en el escenario en el que López Obrador fuera presidente), de todos modos no tendrían todos los votos suficientes para derogar el contenido reformado del artículo tercero constitucional, y tendrían que aliarse o con el PRI-Verde, o con el PAN-PRD para conseguirlo, lo cual resulta improbable porque ambos bloques se han manifestado totalmente en contra de la intención de López Obrador de derogar la reforma educativa.
NO AL OSCURANTISMO
Al final, queda claro que el camino constitucional no sería tan fácil como lo ve López Obrador. Bajo ninguna circunstancia podría derogar la reforma constitucional por decreto; y, de hecho, sólo podría hacerlo en los términos simplistas en los que lo ha esbozado, si se decide a violar la Constitución. En cualquier escenario, lo más deseable es que si van a modificar el régimen de la evaluación docente, lo hagan para perfeccionarlo y no para devolvernos al oscurantismo en que ha tenido a la educación pública del país, el SNTE, la CNTE y las concertacesiones con los gobiernos priistas, que ahora pretenden revivir con AMLO.
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