Diana Méndez
Durante el mes de noviembre se registraron varios actos de violencia contra integrantes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos en distintas regiones del país. Entre los casos más graves se encuentran los asesinatos de Adriana y Virginia Ortiz García, defensoras de la región Triqui, quienes fueron ejecutadas el 5 de noviembre. Días después, el 11 de noviembre, Rigoberto Martínez Sandoval fue asesinado, y el 25 de noviembre ocurrió el homicidio de Pablo Gómez Sánchez en Chiapas de Corzo.
En este sentido, diversas organización sociales en Oaxaca, manifestaron que la violencia también se manifestó en actos de intimidación y agresiones. Dijeron que Miguel Ángel Wong Soto, de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular de San Luis Potosí, y Pablo González Loyola, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto de Querétaro, fueron asaltados e intimidados, mientras que el coordinador nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) enfrenta procesos judiciales que organizaciones sociales califican como una estrategia de criminalización de la lucha social.
En Oaxaca persiste la impunidad en casos emblemáticos como los de Nochixtlán y la masacre de San Mateo del Mar, donde las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia. Desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2024, se han documentado 17 asesinatos de integrantes de movimientos sociales en el estado.
Entre estos casos está el de Adriana y Virginia Ortiz García, quienes dedicaron su vida a la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, así como a la lucha por la presentación con vida de sus primas desaparecidas en 2007 y la libertad de presos políticos. Según información de la Fiscalía General, su asesinato está vinculado a la participación de agentes del Estado.
Señalaron que el contexto de violencia ha generado alarma entre organizaciones sociales, que demandan justicia para las víctimas y un alto a la criminalización de las protestas. También reiteran la necesidad de una coordinación efectiva entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para esclarecer los crímenes. Frente a esta situación, los movimientos sociales enfatizan la importancia de la unidad para enfrentar la represión y exigir el respeto a los derechos humanos.
