La UNAM de Juan Ramón de la Fuente, como rector priísta metió la policía a Ciudad Universitaria para apresar a los líderes del Consejo General de Huelga en el 2000, es la misma UNAM que no quiere la policía para desalojar a los anarquistas que tienen el control del auditorio Che Guevara.
El problema que las autoridades universitarias quieren esconder radica en el hecho de que los okupas del Che Guevara forman parte de una red de crimen organizado que está infiltrada en prácticamente todas las escuelas y facultades. Una desocupación violenta incendiaría Ciudad Universitaria.
El auditorio Justo Sierra fue ocupado por grupos radicales en septiembre del 2000, luego de que Juan Ramón de la Fuente había fracasado en 1999 en su intento de ser candidato ciudadano del PRI a la Presidencia de la República; el 19 de noviembre de 1999 fue ungido como rector con la consigna zedillista de preparar el asalto policiaco contra el CGH de Alejandro Echavarría, El Mosh, que había ocupado CU con mallas ciclónicas. Su sucesor José Narro (2007-2015) permitió que los okupas tuvieran otros ocho años el auditorio.
El desalojo del 2000 fue parte del proceso gubernamental para debilitar a la UNAM no tanto como universidad publica sino como foco de inestabilidad y protesta contra el modelo económico neoliberal que quiso por segunda ocasión aumentar las cuotas de inscripción; el primer intento lo hizo Carpizo en 1987 y fue derrotado. En este sentido, De la Fuente –y obviamente su sucesor José Narro, hoy secretario de salud del gabinete priísta del presidente Peña Nieto– tienen que ver con la permanencia de los okupas en el Auditorio Justo Sierra-Che Guevara.
Los okupas se instalaron en el auditorio en septiembre del 2000. Y antes de desalojarlos, urge que De la Fuente y Narro expliquen las razones que tuvieron para haberles dejado a los okupas el control de esa instalación universitaria. El problema fue mayor: con la pasividad de De la Fuente y Narro, los okupas se convirtieron en el pivote de una red de crimen organizado –grupos radicales violentos, delincuentes, anarquistas, traficantes de droga, asaltantes, guerrilleros y vividores– que está presente en todas las facultades.
De ahí que cualquier intento de desalojo policiaco como el del 2000 sólo puede desatar una guerra criminal en toda la Ciudad Universitaria y en las calles. Existen ya advertencias de que el uso de la fuerza policiaca provocará violencia en todas las facultades. Pero lo grave fue que los rectores De la Fuente y Narro permitieron –avalaron, en realidad– la presencia de los okupas en toda la CU y con representaciones en otras instalaciones descentralizadas.
Lo que queda por aclarar es la correlación entre la toma del auditorio Justo Sierra en septiembre del 2000 después de que De la Fuente encarceló a líderes universitarios por instrucciones de Zedillo y la pasividad de los rectores De la Fuente y Narro del 2000 a la fecha para cederles casi en comodato a los radicales una instalación universitaria.
La realidad es que Narro está feliz de regreso al redil priísta como secretario de gabinete presidencial y De la Fuente sigue soñando con ser candidato ciudadano para el 2018 por algún partido que crea en su grandeza. Pero lo único claro es que los okupas del auditorio contaron con la complacencia y complicidad de los rectores De la Fuente y Narro.
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Política para dummies: La política es el arte de dar gato por liebre pero convencer a todos de que el gato es en verdad una liebre.
Sólo para sus ojos:
- Comenzó la guerra de las encuestas, sobre todo de empresas locales casi desconocidas. Los más interesados en fabricar encuestas son los candidatos priístas que andan más en las tendencias de votos. Pero al final las encuestas no definen votos.
- Y si se ponen a hurgar, el problema de los okupas en el Auditorio Che Guevara está relacionado con los porros que ascendieron a la categoría de aliados de las rectorías desde tiempos de Jorge Carpizo.
- El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, salió a rebatir la tesis presidencial de que la corrupción comienza en el sector privado y afirmó que los ciudadanos son rehenes de los funcionarios que extorsionan a demandantes de servicios. Culpas mutuas, pero la corrupción sigue creciendo.
- Se acabó el negocio y la politiquería del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en abril termina su gestión y no habrá más prórrogas ni financiamiento.
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