Jaime GUERRERO
De acuerdo al informe de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública Estatal 2022, del último año de la administración del ex gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, se detectaron irregularidades en la comprobación de 479 millones 508 mil 542 pesos y 90 centavos que, fueron gastados por ex funcionarios de la pasada administración.
Según el informe, se fiscalizaron 1 mil 222 millones 154 mil 962 pesos y 27 centavos, gastados por 14 instituciones de la pasada administración.
Quedó pendiente de solventar 479 millones 508 mil 542 pesos y 90 centavos, por irregularidades en la comprobación.
Esos recursos, podrán comprobarse en la segunda etapa de entrega de evidencia que se hace llegar a la auditoría.
Por lo pronto, la noche de este jueves, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, que preside, Luis Alberto Sosa Castillo y el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Sergio López Sánchez, recibieron a la titular de este organismo, Sarahí Noriega Ricárdez, quien presentó los resultados obtenidos en el proceso de fiscalización a las Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2022.
La titular de la Auditoría detalló que, las cuentas públicas se conforma por 14 informes individuales de la fiscalización a la Cuenta Pública Estatal, 87 informes individuales de la fiscalización a las Cuentas Públicas Municipales, cuatro informes individuales de la fiscalización efectuada al Avance de la Cuenta Pública y 18 informes específicos de la fiscalización por situación excepcional.
Con respecto a la Cuenta Pública Estatal, se fiscalizaron 14 instituciones, entre ellas, Sinfra, ICAPET, los SSO, COESFO, CECYTEO, Protección Civil, OICIFED, IEBO, entre otras, donde se estudió la cantidad de mil 222 millones 154 mil 962 pesos y 27 centavos, quedando pendientes de solventar 479 millones 508 mil 542 pesos y 90 centavos, los cuales, las dependencias podrán comprobar en la segunda etapa de entrega de evidencia que se hace llegar a la auditoría.
Noriega Ricárdez, explicó que al finalizar el proceso de fiscalización, se inicia con una siguiente etapa donde la información se turna al área de investigación para dar parte a la Fiscalía sobre los montos no solventados para así, iniciar un procedimiento penal y la investigación administrativa respectiva para castigar cualquier tipo de falta.
Al finar posición, el presidente de la JUCOPO, Sergio López Sánchez, destacó que existe la disposición y el respaldo por parte del Poder Legislativo para apoyar a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado (ASFE), a fin de que las y los oaxaqueños tengan cuentas claras sobre la implementación de presupuestos en el estado y de los municipios que lo conforman.
“Oaxaca como ustedes saben, es uno de los estados que sus ingresos propios son pocos, que dependemos en gran parte de los recursos federales y que la responsabilidad que ustedes tienen en la Auditoría Superior, es justamente fiscalizar y vigilar que esos pocos recursos, que por ingresos propios administra el estado, los municipios y la mayor parte de los recursos federalizados, sean aplicados de manera correcta”, destacó.
