Atacar la estructura de protección política y financiera, que sustenta el lavado de dinero, para el combate efectivo a la delincuencia organizada, son parte de las acciones propuestas dentro del eje 4 de la agenda parlamentaria de los senadores y diputados federales electos, informó el representante popular por Oaxaca Benjamín Robles Montoya.
En entrevista dijo que el combate integral a la delincuencia organizada implica: atacar la estructura de liderazgo y sicariato, la estructura de protección política y la estructura financiera que sustenta el lavado de dinero, y así quedó establecido en el Eje 4: Seguridad, procuración de justicia e impartición de justicia de la agenda perredista.
“Lo que sostengo es que la ley debe instrumentar una política de Estado integral que combata a las bandas delincuenciales de alto impacto, así como políticas diferenciadas regionalmente, para abatir los delitos del fuero común que laceran la raíz de la vida comunitaria”, expuso Robles Montoya.
Detalló que la propuesta perredista destaca el respeto a la dignidad humana y la seguridad individual y es la contraparte al esquema de seguridad centrado en las actividades civiles que realizan las instituciones militarizadas. Por lo que, asienta que es necesario delimitar en la ley la diferencia entre la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública y las actividades que cada institución debe realizar.
“Debemos asegurar un Estado de Derecho basado en el goce y ejercicio de libertades y derechos, de prevención social del delito, y de asegurar que todas las personas pueden decidir en función del incremento de sus capacidades, mejores condiciones de vida”, apuntó el senador electo oaxaqueño.
Dijo que la propuesta legislativa de los representantes populares electos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contempla ampliar las facultades de fiscalización en materia de seguridad nacional desde el Congreso de la Unión y para el control parlamentario y democrático de las fuerzas de seguridad. Así como sacar al Ministerio Público de la esfera de control del Poder Ejecutivo; eliminar el arraigo, la incomunicación, la renuncia de la jurisdicción y otras figuras restrictivas de derechos y libertades de la Constitución, así como regular la denuncia anónima.
Además señaló que falta implementar el sistema penal acusatorio, oral y adversarial a nivel nacional. Y es menester revisar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes Infractores garantizando un sistema de justicia especializado fundado en el debido proceso legal, en cumplimiento del artículo 18 constitucional.
Benjamín Robles asentó que hay que regular el uso legítimo de la fuerza necesaria. Realizar una reforma policial democrática para la profesionalización, certificación, transparencia y rendición de cuentas en materia de procedimientos policiales. Y garantizar la protección de los derechos humanos en la ejecución de sanciones y medidas penales, en donde prevalezca la reinserción social y las medidas alternativas a la privación de la libertad.
Sobreendeudamiento gubernamental para campañas
Por otro lado, comentó que el eje 1 de la agenda legislativa perredista es en materia de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción; en donde se argumenta que el neoliberalismo, además de haber probado su incapacidad para garantizar el bienestar, ha llevado a niveles insospechados la corrupción de los Poderes del Estado mexicano, el sistema financiero y el sector privado para cubrir el altísimo costo que demanda la compra de la voluntad ciudadana.
Por ello, enfatizó que el documento parlamentario indica que es imperativa la construcción de una cultura de la legalidad y de gobernabilidad democrática que incorpore una estricta regulación del uso de los recursos públicos, el combate eficiente de aquellos de procedencia ilícita, así como la procuración y persecución eficientes del tráfico de influencias, el peculado y otros delitos de corrupción administrativa. A ello deberá contribuir el dotar a la Auditoria Superior de nuevas potestades persecutorias y sujetar a sanción penal las acciones u omisiones gubernamentales en materia de transparencia.
En particular, destaco, es menester evitar el sobreendeudamiento de los gobiernos federal y locales, fuente rica del dinero que corre en las campañas, pues ello compromete el futuro de las personas y amenaza ya con generar una crisis financiera nacional.
