A la memoria del general Carlos Humberto Bermúdez, ejemplo de lealtad, disciplina y entrega a la República.
Los asesinatos de periodistas por cuestiones derivadas del manejo de la información no son recientes: como ciclo criminal comenzó en mayo de 1984 cuando el periodista Manuel Buendía, columnista de Excelsior, fue liquidado a balazos en las llamada zona rosa del DF.
Han pasado 31 años y la situación ha emporado; sin embargo y a pesar de que se trata de un asunto de seguridad política de la república, la autoridad ha desdeñado no tanto el número sino su significado. A reserva de contar con cifras más precisas, el servicio de Wikipedia tiene una lista de alrededor de 300 periodistas asesinados en México de 1984 al 2015.
Los casos del ciclo 2000-2015 rebasan los cien y todos relacionados con la cobertura de asuntos de interés público, de seguridad, político y periodístico. La cifra no debe ser desdeñada: la reorganización del sistema político priísta soltó las amarras de las relaciones de poder con los medios como sus voceros y los medios se convirtieron en críticos del ejercicio del poder político y sus articulaciones orgánicas con el poder criminal.
Los últimos casos de periodistas asesinados deben ser asumidos en dos criterios:
1.- Fueron asesinados por revelar secretos del poder o por criticar la arrogancia del poder y por denunciar complicidades con el crimen organizado.
2.- La respuesta criminal forma parte del ejercicio abusivo del poder y no han sido casos aislados sino que responden a una lógica integral del poder.
Por tanto, el tema de los periodistas asesinados debe ser enfocado desde la perspectiva de periodicidios, es decir, asesinatos de miembros de un grupo nacional y social, y en función de su trabajo. Y el caso del fotógrafo Rubén Espinosa tampoco debe ser eludido si acaso se prueba su muerte por delincuencia común, pues salió de Veracruz por amenazas del aparato de poder del gobierno estatal y careció de la eficacia de algún programa de protección.
Los periodicidios o asesinatos de periodistas como parte de un grupo social caen en algunas de las derivaciones de delitos contra la seguridad de la nación. Un país sin una prensa crítica como contrapeso sería lo más cercano a una dictadura. Al final, los periodicidios pudieran haber cumplido su objetivo de intimidar el ejercicio del periodismo de denuncia.
Un Estado democrático no puede permitir que periodistas tengan que abandonar sus plazas territoriales de trabajo por amenazas del poder político o del poder criminal y tampoco el Estado debe eludir su responsabilidad al promover programas y protocolos superficiales de protección de periodistas sin incidir sobre las razones que han llevado a periodistas a salir huyendo de las ciudades. La sola existencia de esos programas sería una prueba de la ineficacia del Estado.
Lo preocupante en México es que el asesinato de sectores sociales es visto por el Estado y su institución desde la distancia de la complicidad en los hechos. Mujeres, defensores de derechos humanos, opositores, estudiantes y ahora periodistas son asesinados en función de sus tareas públicas y democráticas, y el Estado sólo trata de atender algunas quejas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido un fracaso en la protección de periodistas.
El Estado tiene la función primordial de asegurar el funcionamiento de la democracia en su parte del ejercicio crítico de los derechos sociales. Por eso, en una fase de gansterización del Estado los que más padecen la violencia de respuesta a las denuncias son quienes defienden la libertad y la crítica. En los hechos, tienen más derechos humanos los delincuentes que las mujeres, defensores de derechos humanos, estudiantes y periodistas que denuncian la impunidad criminal de delincuentes y sus asociados con el poder.
Los mujeres agredidas tuvieron que luchar mucho para que las estructuras institucionales del Estado llevaran a las leyes penales el concepto de feminicidio o asesinato de mujeres en función de su género; ahora se debería asumir el asesinato de periodistas en relación a su tarea primordial como comunicadores y legislar sobre el periodicidio.
Todo el aparato institucional de protección de periodistas ha fracasado porque continúan los abusos de poder de políticos poderosos o criminales impunes. Y cuando ocurren asesinatos como el de Rubén Espinosa, la autoridad se conforma con aclarar un crimen común sin ahondar en las razones que llevan a los periodistas a huir de sus estados ante las amenazas políticas y criminales contra sus vidas.
Al final de cuentas, los asesinatos de periodistas deben también ser incluidos en el escenario de la política de comunicación social del Estado porque el Estado tiene la tarea esencial de proveer seguridad a la sociedad y al ejercicio crítico de la democracia. Los asesinatos de periodistas serían, así, un elemento más del Estado fallido mexicano.
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