El asesinato de la activista Marisela Escobedo, ocurrido ayer en Chihuahua, Chihuahua, demuestra el grado de ineficiencia que impera en los sistemas estatales de procuración y administración de justicia, por lo que urge su revisión en el marco de la implementación de la reforma constitucional en materia penal.
Para México SOS, que preside Alejandro Martí, es importante el anuncio del Ejecutivo Estatal de Chihuahua de solicitar la revisión de la actuación de los jueces del fuero común que liberaron a quien ahora se le señala como presunto autor del atentado contra la activista.
Sin embargo, esta investigación debe extenderse a la procuraduría estatal para esclarecer la fortaleza de la averiguación previa que integró el Ministerio Público y la forma como se condujo en el proceso penal, a fin de esclarecer el momento donde se pudo haber beneficiado al homicida de la hija de la activista ultimada.
Alejandro Martí hace un llamado a valorar este caso, en razón de que revela el grado de vulnerabilidad que tienen las víctimas en México cuando deciden presentar una denuncia contra la delincuencia.
El llamado a la ciudadanía a perder el miedo a la denuncia, debe ser acompañado de garantías reales por parte de los gobiernos estatales y federal, para que las víctimas no sufran represalias y se combata de esa manera la cifra negra.
La calidad de la llamada justicia de barandilla es un pendiente en la revisión del sistema penal mexicano, debido a que es en las agencias del Ministerio Público donde se registra el más alto porcentaje de insatisfacción ciudadana por corrupción e ineficiencia.
