Diana Méndez
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (CEDHAPI) denunció el asesinato de Cristino Castro Perea, defensor comunitario de la tierra y el territorio, quien fue atacado a balazos el pasado 28 de febrero en la comunidad de Barra de la Cruz, perteneciente al municipio de Santiago Astata, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
El crimen ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde, cuando el activista, de 63 años, se encontraba en el kiosko de la comunidad. De acuerdo con testimonios, dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron a él y le dispararon en repetidas ocasiones, privándolo de la vida.
Desde 2023, Cristino Castro Perea había sido incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a las amenazas que enfrentaba por su labor en defensa del territorio. No obstante, su asesinato demuestra las deficiencias en la implementación de estas medidas y la vulnerabilidad en la que se encuentran los activistas en la región.
El conflicto en Barra de la Cruz tiene antecedentes desde 2013, cuando un grupo de personas intentó apropiarse de aproximadamente 24 hectáreas de terrenos ubicados a orillas de la playa, con el respaldo de actores con poder económico y político que pretendían lotificar y vender la zona a empresarios hoteleros. En 2022, un grupo ajeno a la comunidad ingresó al paraje conocido como El Nanche con maquinaria pesada y destruyó manglares, a pesar de que en una asamblea comunitaria celebrada en 2021 se había acordado respetar la integridad del territorio.
Pese a estos intentos de despojo, el 29 de diciembre de 2023, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decretó Barra de la Cruz como Área Natural Protegida bajo la categoría de Santuario, con una extensión de más de 56 hectáreas. Sin embargo, la presión sobre los defensores del territorio ha continuado, derivando en agresiones y, ahora, en el homicidio de Cristino Castro Perea.
Ante este hecho, el presidente de CEDHAPI, Maurilio Santiago Reyes, exigió a la Fiscalía General del Estado que inicie la carpeta de investigación correspondiente y castigue a los responsables. También solicitó al gobierno estatal y federal que refuercen las medidas de protección para los integrantes del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz, quienes han sido víctimas de amenazas constantes.
