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Nazareth Cortez Velasco, de aproximadamente 40 años, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolapan, Oaxaca, fue asesinada la madrugada de este jueves a bordo de la camioneta oficial del ejido sobre la calle Eucalipto, del barrio Vista Hermosa de esa localidad, ubicada en el kilómetro 80 de la carretera.
La autoridad, viajaba con su hija Monserrat, de 24 años, quien resultó lesionada y fue trasladada a un hospital de la zona.
De acuerdo con el reporte policial, la camioneta gris con placas RT4339B —con el logotipo del Comisariado Ejidal— presentaba 12 orificios de bala en el parabrisas.
En el lugar se aseguraron 29 casquillos percutidos calibre 9 mm y un cartucho útil.
El síndico municipal Francisco Ruiz Gómez fue quien dio aviso a las autoridades y acordonó el área. La unidad de género de la fiscalía quedó a cargo de las diligencias.
La familia confirmó el deceso a través de una esquela que convoca a la población a acudir al panteón municipal para la sepultura.
Hasta la mañana de este jueves no había pronunciamiento oficial de las autoridades estatales sobre el feminicidio.
San Pedro Totolapan está ubicado a unos 80 kilómetros de la capital y es la sede del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), proyecto impulsado por el gobernador Salomón Jara Cruz tras intentos fallidos de instalarlo en otras localidades, y que inicialmente dividió a la población respecto a su aprobación.
En agosto de 2025 se iniciaron los trabajos en la estación de transferencia con una inversión de 30.6 millones de pesos, y en el último trimestre del mismo año continuó la operación con otros 49.9 millones de pesos.
El ejido de San Pedro Totolapan también alberga en su territorio la localidad de San José de Gracia, donde opera la mina El Águila, filial de la empresa estadounidense Gold Resource Corporation, que extrae zinc, plomo, cobre, plata y oro y suscribió un contrato de trabajo con la Sección 111 del Sector Transporte de la CTM.
Trabajadores de esa empresa han protagonizado paros laborales en demanda del reparto de utilidades, acusando a la CTM de no intervenir pese a tener acuerdos con los responsables de la operación.
El control de los recursos que el ejido recibe por la actividad minera ha sido motivo de pugnas internas entre grupos sindicales y agrarios.
