Una masacre en Sonora. Un asesinato en Chihuahua. Un atentado contra un policía de Tijuana: ese es parte del uso que tuvieron las armas que ingresaron a territorio mexicano mediante la fallida operación Rápido y furioso del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés).
Armas traficadas hacia México dentro de la operación fueron utilizadas en al menos tres masacres, además de enfrentamientos contra el Ejército, la Marina y la Policía Federal en los que un número no determinado de civiles, soldados, marinos y agentes mexicanos resultaron heridos. Una de éstas incluso fue hallada en posesión del comando que asesinó al hermano de la procuradora de Chihuahua, Patricia González.
Esas son algunas de las conclusiones colaterales a las que llegó la Oficina del Inspector Interno del Departamento de Justicia, tras cerrar ayer más de un año de investigaciones en torno a la responsabilidad del procurador Eric Holder en la operación de la ATF.
Hasta ahora, el destino y uso en concreto de las armas que Washington dejó cruzar a México era desconocido. Tan sólo se sabía que varías “habían sido recuperadas en escenas del crimen”, además de que una fue utilizada en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010.
Pero el reporte del Departamento de Justicia, presentado en Washington para exonerar a Holder, tiene un resultado adicional: incluye detalles de cuáles fueron esas escenas del crimen. Puntualiza el destino de algunos de esos rifles, que se expandieron por una tercera parte del territorio nacional, llegando a sus entidades más violentas.
A mayor detalle, un arma comprada en 2008 en Arizona fue hallada en el sitio de una de las peores batallas jamás vividas por Tijuana, en abril de ese año. Al término de la balacera, 18 sicarios de facciones distintas del cártel de los Arellano Félix yacían muertos.
Otra arma comprada en Arizona fue empleada en Tijuana para tratar de asesinar al jefe policiaco del distrito Centenario de la ciudad, Jesús Alberto Hurtado Estrada, atacado a la salida de una fiesta infantil. El comandante repelió la agresión, pero tanto él como su hijo resultaron heridos de bala.
Cuatro años después, en 2012, Hurtado Estrada fue finalmente asesinado.
Hubo otros casos. El 20 de noviembre de 2009, soldados mexicanos en un retén en Naco, Sonora, encontraron 19 rifles comprados en una tienda de Phoenix ante la vista de agentes del ATF dos semanas antes. Eran parte de un embarque mucho mayor del que se perdió el rastro.
Siete meses después, esas armas resurgieron. Una fue recuperada de la escena de la más grande masacre en la historia de ese estado, ocurrida en julio de 2010, cuando 21 personas fueron asesinadas en el municipio de Tubutama.
En aquella ocasión se reportó el uso de rifles Barrett. Precisamente como los que se habían comprado en Arizona un año antes. Distintos atentados con este rifle de alto poder fueron documentados por la oficina del ATF en la embajada de Estados Unidos en México, que fue informada por la Secretaría de la Defensa Nacional que en julio de 2010, un calibre 50 fue usado para atacar a soldados mexicanos (no se reportó si sobrevivieron).
“¿Cuántos rifles de calibre 50 compraron?”, cuestionó el agregado de la ATF en la embajada en uno de los correos contenidos por el reporte.
Dos casos más se incluyen en el reporte que, por supuesto, no contiene un registro de todos los crímenes cometidos con armas de Rápido y furioso. En septiembre de 2010, luego de un enfrentamiento entre Marinos y sicarios del cártel del Golfo en Tamaulipas, fueron rastreados dos rifles de asalto. Eran de Arizona. El 4 de noviembre de ese mismo año, policías mexicanos arrestaron a 8 personas acusadas del secuestro y ejecución del hermano de la procuradora de Chihuahua.
Tenían dos de las armas que la ATF perdió de vista.
Agencias
