Los 13 legisladores de oposición que integran la Comisión Permanente, cerraron filas para votar en contra de abrir un periodo extraordinario de sesiones para discutir la reforma propuesta por el Presidente para la reorientación del gasto.
Mediante un pronunciamiento público, legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, afirmaron que el planteamiento “representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico” y “regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho”.
Para que la Comisión Permanente apruebe la apertura de un periodo extraordinario se requiere de los votos de las dos terceras partes del pleno, es decir, de 25 legisladores. Morena y sus aliados cuentan con 24 votos, por lo que el rumbo de la reforma presupuestal depende de la asistencia de los 13 diputados y senadores de oposición.
SE UNEN LOS 13 CONTRA AVAL A EXTRAORDINARIO
Los legisladores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano que integran la Comisión Permanente, a instalarse hoy, adelantaron que votarán en contra de otorgarle a la Cámara de Diputados un periodo extraordinario para la aprobación de la reforma a la ley presupuestal que solicita el presidente López Obrador.
Aun cuando la mayoría de Morena cedió a modificar la iniciativa, con un dictamen que acota las atribuciones que originalmente pedía el Ejecutivo federal para el manejo del gasto, la oposición hizo un pronunciamiento público en el que advierte que, abrirles paso a esos cambios, “representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico” y “regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho”.
En el documento, los 13 representantes propietarios que integrarán la Comisión Permanente, y sus 13 suplentes, se autodenominan “legisladores de los grupos parlamentarios de contención”, destacando las firmas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández (PAN), así como de los coordinadores del Senado: Miguel Osorio Chong (PRI), Mauricio Kuri (PAN), Dante Delgado (MC), Miguel Mancera (PRD), y de San Lázaro: Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez (PRI), Tonatiuh Bravo (MC) y Verónica Juárez (PRD).
También forman parte de este bloque opositor que hoy votará en contra de la solicitud de un periodo extraordinario, los diputados Rubén Moreira, Dulce María Sauri y Martha Tagle y los senadores Beatriz Paredes, Manuel Añorve, Xóchitl Gálvez y Claudia Ruiz Massieu, entre otros.
La Comisión Permanente está integrada por 37 parlamentarios: 24 de Morena, PT, PES y PVEM y 13 de la oposición.
Para avalar un periodo extraordinario, se necesitan los votos de las dos terceras partes del pleno, es decir, de 25 legisladores.
De manera que al bloque mayoritario únicamente le hace falta el apoyo de un representante opositor para concretar esa solicitud que le permitiría a la Cámara de Diputados sesionar el próximo martes 5 de mayo y aprobar la reforma presupuestal.
El hecho de que la viabilidad de ese cambio legislativo dependa de un solo voto propició, entre los coordinadores parlamentarios de oposición, la idea de cerrar filas públicamente, a fin de que sus representantes se comprometieran a manifestarse en contra en la sesión de hoy.
Además del seguimiento que ya se realiza en redes sociales de los diputados y senadores que tendrían la capacidad de definir el rumbo de esa reforma presupuestal, ayer se difundió el documento en el que todos en bloque se asumen como legisladores “de contención”.
INSISTEN EN DAR SUPERPODERES
Aun cuando se agregaron algunos candados de vigilancia legislativa, el dictamen de reforma presupuestal impulsado por Morena otorga al Poder Ejecutivo la atribución de modificar buena parte del gasto público, sin necesidad de someterlo al visto bueno de la Cámara de Diputados.
El documento se dio a conocer ayer y se espera que el próximo martes sea votado en la Comisión de Presupuesto, que ya citó a sus integrantes para sesión presencial en San Lázaro.
Como lo había anunciado el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, el dictamen de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contiene agregados, como el de establecer que el Ejecutivo podrá declarar una emergencia económica cuando datos trimestrales emitidos por el Inegi registren una tasa real de crecimiento negativa del PIB de al menos 1% respecto del observado en el mismo trimestre del año precedente y el pronóstico advierta que la tendencia se prolongará durante el trimestre posterior a su medición.
La Secretaría de Hacienda deberá presentar una revisión integral del marco macroeconómico, sustentando sus análisis y pronósticos en el Inegi y el Banco de México.
Sin embargo, más allá de la recepción de esos informes, la Cámara de Diputados no tendrá la facultad de aprobar o desaprobar la declaración de emergencia del Ejecutivo.
Lo mismo sucede con el agregado que plantea reportes trimestrales de la Secretaría de Hacienda cuando la reorientación del destino de los recursos represente en su conjunto una variación superior al 5% del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Si bien, en ese caso, los diputados de la Comisión de Presupuesto podrán emitir una opinión sobre dichas adecuaciones, éstas en ningún momento serían vinculantes ni condicionadas al aval del pleno de la Cámara.
El aval de los legisladores en San Lázaro sí sería necesario cuando el cambio en el gasto involucre a más del 10% del monto presupuestal aprobado.
Sin embargo, dado que los gastos irreductibles de la administración federal son hasta del 90%, la posibilidad de modificar montos de entre 5 y 10% del total del presupuesto sí implica cambios de fondo en el ejercicio de los recursos públicos.
El nuevo dictamen elimina en su totalidad la pretensión original de cancelar el Fondo Metropolitano para canalizarlo en los apoyos anunciados por el presidente López Obrador.
Otro agregado relevante es el que precisa que la declaración de emergencia surtirá efectos únicamente durante el ejercicio presupuestal en curso.
Excelsior
