17:14 BRepublicanos de Arizona están planeando promover una ley que deniegue la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes indocumentados, destacan hoy medios norteamericanos, que alertan a la par del potencial de que esta nueva iniciativa antiinmigrantes choque con la Constitución del país.
Se espera que la propuesta de ley sea presentada este otoño boreal, informó hoy la cadena CNN, aunque numerosos medios vaticinan que aun antes de su discusión la cuestión podría acabar ante los tribunales, al chocar de frente, señalan, con la enmienda 14 de la Constitución estadounidense que garantiza la nacionalidad de forma automática a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”.
Sin embargo, el congresista republicano de Arizona John Kavanagh aseguró a CNN que la normativa sobre los “anchor babies” o “bebés ancla”, el término despectivo con que se denomina a los bebés nacidos de inmigrantes indocumentados y que -según los promotores de la ley- les sirven de excusa para no abandonar el país, no va en contra de la Carta Magna estadounidense.
“Si se vuelve a las intenciones originales de los autores (de la Constitución) … nunca se pretendió conceder la ciudadanía a individuos ilegales”, aseguró Kavanagh, uno de los promotores de la también controvertida ley SB1070 o “ley de Arizona” contra los inmigrantes que ha causado la indignación nacional e internacional.
Por el contrario, la demócrata de Arizona Kyrsten Sinema sostuvo que la ya conocida como ley “anchor baby” vulnera “claramente” la Constitución.
“Entiendo que la gente en Arizona y en todo el país apoye la ley SB1070, lo hace porque no hemos visto acción alguna (ante la inmigración) del gobierno federal, pero lamentablemente, la ley `anchor baby` no hace nada para resolver los verdaderos problemas que afrontamos en Arizona”, dijo.
La ley migratoria de Arizona, aprobada a finales de abril y que -a no ser que el Deparamento de Justicia que la está examinando la declare inconstitucional- entrará en vigor el 29 de julio, ha sido duramente criticada por quienes la consideran “discriminatoria”, ya que permite que los agentes de policía puedan demandar papeles para comprobar el estatus migratorio de un ciudadano, haya cometido un delito o no.
Con todo, encuestas señalan que hasta un 60 por ciento de los estadounidenses la apoya, si bien muchos de los sondeos indican que este respaldo se debe a la “frustración” por la falta de una reforma migratoria a nivel nacional que resuelva la situación de unos 11 millones de indocumentados en el país.
El propio presidente, Barack Obama, ha reconocido dicha “frustración”, si bien sostiene que sin el apoyo de al menos “algunos” republicanos no logrará promover una reforma migratoria “integral”, tal como la reclaman numerosos sectores de la sociedad.
El senador estatal Russel Pearce, uno de los republicanos considerados arquitectos de la SB1070 también es el artífice del nuevo proyecto anti-inmigrantes en Arizona.
Según declaró a la revista “Time” en los pasados días, el propósito de la ley contra los bebés de indocumentados pretende afrontar el hecho de que, a su juicio, la enmienda 14 de la Constitución ha sido “secuestrada” por los inmigrantes ilegales.
“La usan como una cuña”, afirmó a la publicación, que adelantó la noticia en su edición online. “Esto es un esfuerzo orquestrado por ellos para venir aquí y tener hijos con el objetivo de lograr acceder al gran estado del bienestar que hemos creado”, acusó.
Asimismo, aseguró que pese a las inquietudes constitucionales su intención es promover la nueva normativa. “La redactaremos bien”, aseguró a “Time”.
El independiente Centro de Políticas Migratorias (IPC, por sus siglas en inglés) denunció este martes la iniciativa como una continuación de la “cruzada contra inmigrantes” que se lleva a cabo en Arizona y afirmó que la normativa es “inconstitucional, inviable, cara y complicada”, alertando además de que “no detendrá la inmigración ilegal”.
El IPC recordó que son “numerosas” las iniciativas legislativas en el mismo sentido que en los pasados años se han presentado en estados como Texas o California -además de ahora Arizona- y que la Corte Suprema siempre las ha rechazado.
En este sentido, denunció que el objetivo de los promotores de la ley es “promover el debate nacional y aumentar los cuestionamientos a la enmienda 14 ante la Corte Suprema”.
Asimsimo, alertó de que la “división” que provoca el actual debate migratorio en el país y el “fracaso” del Congreso para reformar el sistema está teniendo como resultado “la proposición de leyes extremas en un gran número de estados”.
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