Argentina considera que el referéndum de autodeterminación de este domingo y lunes en las islas Malvinas resulta “irrelevante”. Su embajadora en Londres, Alicia Castro, explicó esta semana en una rueda de prensa que “el derecho de autodeterminación es un derecho universal pero se aplica para comunidades reconocidas como pueblo” y “éste no es el caso”. Castro añadió que estas islas del Atlántico Sur, a 350 kilómetros del continente argentino y a 12.000 de Gran Bretaña, “son un territorio colonizado con ciudadanos implantados”, por lo que “ellos no pueden decidir el destino de la tierra que habitan”.
El argumento sostenido por el Gobierno británico y el de Malvinas radica en que la Carta de Naciones Unidas se refiere a la libre determinación de los pueblos. De ahí que el Gobierno de las Falklands, como las llaman los británicos, haya decidido convocar el referéndum para que 1.600 isleños decidan si quieren continuar bajo dominio de Londres. La convocatoria fue lanzada en 2012, 30 años después de la guerra entre ambos países, en un aniversario que elevó la tensión diplomática entre la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, que reforzó la presencia militar en el archipiélago.
“El derecho a la libre determinación de los pueblos es un derecho internacional pero no es reconocido a cualquier comunidad humana”, alegó la embajadora argentina en Londres. “Es un derecho para los que son establecidos como pueblos, pero Reino Unido ocupó el territorio por la fuerza en 1833”, recordó Castro. En aquel entonces las islas estaban habitadas por argentinos, incluidos indígenas.
“A diferencia de otros casos de descolonización, este referéndum no fue convocado por las Naciones Unidas, ni cuenta con su aprobación o supervisión”, recordó esta política de izquierdas devenida diplomática. “Reino Unido ni siquiera buscó que la ONU lo organizara porque sabe que nunca lo podrá conseguir”, agregó la embajadora de Argentina, que en 2011 consiguió que todos los países sudamericanos bloquearan sus puertos a barcos con bandera malvinense.
La consulta popular “no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional, que es lo que rige la relación entre dos naciones”, según la representante en Reino Unido, que no deja de aprovechar cada acto oficial allí para expresar su malestar por la presencia británica en Malvinas. “Es una maniobra dilatoria y mediática para confundir sobre la verdadera obligación que tiene Reino Unido, que es la de sentarse a dialogar con Argentina”, se refirió a las decenas de resoluciones de la ONU que llaman desde los años 60 a los dos países a buscar una “solución pacífica al problema”, aunque “teniendo en cuenta los intereses de la población de las Malvinas”. La última dictadura militar de Argentina violó esas resoluciones en 1982 cuando intentó recuperar las islas por la fuerza.
“Crean una imagen de que Argentina los estuviera persiguiendo u hostigando, cuando eso no se corresponde con la realidad”, opinó Castro. La embajadora recordó que “viven felizmente en Argentina un cuarto de millón de descendientes británicos, en forma próspera, que conservan sus costumbres, su modo de vida, y los habitantes de las Malvinas tienen derechos civiles y políticos, que Argentina respeta”. Después de hablar de aquella migración británica de finales de siglo XIX y principios del XX, asociada al comercio y la construcción del ferrocarril, se refirió a los malvinenses: “Ellos son británicos pero el territorio en el que habitan no lo es, de modo que el referéndum no va a cambiar nada”.
“Es un referéndum entre habitantes británicos de las islas, sólo ellos participan”, contó Castro. “Es un referéndum organizado por británicos, para británicos, con el fin de decir que quieren ser británicos. El resultado es perfectamente previsible. La pregunta no es si quieren ser argentinos o británicos sino que las islas mantengan el estatus actual de territorio de ultramar de Gran Bretaña. No tienen el derecho de decidir la controversia entre Argentina y Gran Bretaña, sino que debe ser resuelta entre negociaciones entre los dos estados”, concluyó la embajadora argentina. Por supuesto, Buenos Aires desconocerá el resultado de la votación.
El País
