En sesión extraordinaria de la LX Legislatura del Estado, los diputados locales aprobaron por unanimidad un único dictamen emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado por el cual se archivan 51 documentos relativos a asuntos que no tuvieron continuidad por parte de los promoventes y que se resuelven como concluidos.
Al respecto el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, diputado Rogelio Sánchez Cruz, señaló que estos asuntos eran algunos de los últimos pendientes que de acuerdo con el Reglamento Interior del Congreso deben someterse a votación para su archivo, explicando en el dictamen correspondiente los motivos por los cuales se dan por concluidos.
Detalló que estos documentos son en su mayoría relativos a solicitudes de suspensión de recursos, acto que la ley no le permite hacer al Congreso del Estado, y a la petición de entrega de recursos públicos que hacen autoridades municipales auxiliares a la Secretaría de Finanzas, acción que únicamente puede llevar a cabo la autoridad municipal respectiva.
El legislador destacó que las reformas constitucionales y la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización por la cual se crea la Auditoría Superior del Estado (ASE), constituyeron una herramienta importante para construir una cultura de rendición de cuentas. Entre los avances que establece es que quita la facultad al Congreso de analizar y dictaminar sobre las cuentas públicas estatal y municipales, siendo este sólo el remitente de las mismas hacia la ASE, que es órgano que revisa y emite el resultado respectivo.
Al referirse a su trabajo en comisión agregó que durante este ejercicio legislativo se recibieron 155 solicitudes de auditorías, las cuales también se remiten a la ASE, la que ha informado que de ese total 132 han sido atendidas y el resto siguen en proceso.
Sánchez Cruz reconoció que hubo un trabajo serio y responsable en la comisión que integran además los diputados Saulo Chávez Alvarado y José Marcelo Mejía García, del PRI; Francisca Pineda Vera, del PRD, y Alfredo Ahuja Pérez, del PAN. Ellos se condujeron conforme a lo que marca la ley en busca de que las decisiones promuevan la unidad y conciliación en los pueblos.
Entre los documentos aprobados para su archivo están la solicitud del agente municipal de San Juan Jicayán para la entrega de las participaciones municipales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del presente año; escrito de integrantes de la Comisión de Hacienda y regidores de Santo Domingo Ingenio, por el que solicitan la retención de las participaciones de los ramos 28 y 33, debido a la falta de claridad de los estados financieros.
Asimismo, el oficio de integrantes del ayuntamiento de Santiago Jocotepec, donde informan al Congreso de una deuda que tienen con la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, la cual pretenden cubrir con recursos del ramo 33 y que repercutirán en el presupuesto asignado a 29 agencias y piden se les puedan reintegrar esos recursos, entre otros.
