El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que impone límites al espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la agencia de espionaje electrónico.
La reforma, adoptada tras dos días de drama parlamentario, recorta, por primera vez desde los atentados 2001, a los poderes de la agencia para controlar las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses.
El Senado ratificó la versión de la ley adoptada previamente por la Cámara de Representantes con 67 votos a favor y 32 en contra.
La adopción de la nueva ley también permite a las autoridades de EU reiniciar un programa de recopilación de datos telefónicos que quedó en suspenso en la madrugada del lunes.
El voto llegó tras una larga jornada de debates. Hasta el último minuto, los halcones intentaron, sin éxito, introducir enmiendas para suavizar los controles a la NSA que la nueva ley impone.
Las enmiendas, promovidas entre otros por el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, defensor de los poderes actuales de la NSA, salieron derrotadas. Antes, el sector más crítico con la NSA, encabezado por otro republicano, el senador y candidato presidencial Rand Paul, tampoco pudo evitar frenar la ley.
Una vez aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, el Presidente Barack Obama podía firmar la ley. Obama era partidario de una reforma que, por primera vez en la última década y media, intenta poner riendas a los poderes expansivos de la agencia de espionaje electrónico.
La USA Freedom Act, o Ley de la Libertad de EU, busca un término medio entre los defensores de un espionaje opaco y con límites escasos, y los detractores absolutos del espionaje electrónico.
Un elemento esencial de la ley es que retira a la NSA la capacidad de almacenar los datos sobre las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses y coloca esta información en manos de las compañías telefónicas. Los espías podrán acceder a estos datos caso a caso y previa autorización judicial.
El debate sobre la reforma de la NSA enfrenta a los partidarios de privilegiar la seguridad en la lucha contra los terroristas, y los defensores de las libertades civiles. Es un debate que se inició tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de 3 mil personas y que evidenciaron la falta de atención coordinación de las agencias de espionaje estadounidenses.
Pero en aquel momento, con una sensación de amenaza compartida por toda la sociedad estadounidense, pocos cuestionaba la necesidad de reforzar los poderes de las agencias de espionaje, aunque el precio fuera el riesgo de ver laminadas las libertades civiles.
Han pasado casi 14 años y las percepciones han cambiado. El 11-S queda lejos, Osama Bin Laden, cerebro de los atentados, está muerto y EU intenta dejar atrás las guerras que comenzó después de los ataques.
Otro factor decisivo son las revelaciones del analista Ed Snowden sobre el espionaje de la NSA, en 2013. Entre otros programas, Snowden reveló el que, amparado por la sección 215 de la Patriot Act -una ley aprobada bajo la conmoción del 11-S-, permitía a la NSA recopilar las listas de llamadas telefónicas, incluidos los números, la hora y la duración de las llamadas.
Un problema añadido en el debate de estos días es que la sección 215 expiró en la medianoche del domingo al lunes. En la madrugada del lunes, la NSA se quedó sin autoridad para seguir recopilando datos, una circunstancia que, según la Administración Obama, restaba a los espías estadounidenses una herramienta esencial ante la amenaza terrorista.
La aprobación de la USA Freedom Act resuelve el problema. Una vez que Obama firme la ley, la NSA recuperará la autoridad para almacenar datos durante un periodo de transición de medio año. El lapso habrá sido de unos días. Al final de este periodo, la nueva reforma contempla que los datos pasen definitivamente a manos de las compañías telefónicas.
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