Tras varias horas de consenso, finalmente el Congreso de Oaxaca, aprobó que el gobierno estatal pudiera contraer una deuda hasta por 2 mil 90 millones de pesos, para poder ejercer los recursos del FONDEN, en un llamado “bono cupón cero”, además facultó a los municipios a solicitar préstamos con Banobras que no sobrepasen los tres años de gobierno.
De acuerdo con el diputado Isaac Rodríguez Soto, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, se trata de construir las bases para que el estado tenga las mejores condiciones mediante las herramientas financieras que siente las bases económicas de un Oaxaca prospero.
En primer término el Congreso en pleno facultó a los 570 municipios que así lo determinen a través de sus cabildos de forma voluntaria, busquen consolidar sus participaciones, bajo un proceso de endeudamiento responsable, que por ningún motivo podrá superar su periodo de ejercicio de gobierno.
El legislador panista, explicó por otra pare que se aprobó la contratación por parte del gobierno de Estado de “bonos cupón cero”, emitidos por BANOBRAS, mecanismo creado por el congreso federal, mediante el cual los Estados que no cuenten con su aportación necesaria puedan acceder a los recursos del Fondo Nacional De Desastres Naturales (FONDEN), , mediante la adquisición de dichos bonos.
Cabe mencionar que desde noviembre pasado el gobierno federal a través del FONDEN, destinó cerca de 3 mil 600 millones de pesos para la reconstrucción de caminos, aulas, viviendas y escuelas afectadas por la temporada de lluvias del 2010, sin embargo el gobierno estatal necesitaba aportar su 30 por ciento de acuerdo a las reglas de operación.
Por otro lado también se aprobó que el gobierno estatal tenga un financiamiento de deuda directa, que permitirá, sin generar endeudamiento, refinanciar y mejorar las condiciones de dicha deuda, mediante la gestión de una mejor tasa de interés y un plazo más amplio que permita tres cosas principalmente.
Liberar flujo de efectivo a corto y mediano plazo, lo cual permitirá al Estado tener una mejor eficiencia administrativa, liberar participaciones puestas en garantía en al menos un 7.47 por ciento, mejorar la calificación crediticia mediante una garantía de pago oportuno, lo que traerán consigo una mayor confianza de los inversionistas en nuestro Estado.
