El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para expedir la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. El Senador Eviel Pérez Magaña celebró la decisión del Ejecutivo federal de sentar las bases de un andamiaje institucional, para diseñar una política pública nacional, en defensa de los derechos de la niñez mexicana.
El nuevo ordenamiento tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los menores de edad, conforme la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Destacó que esta nueva ley fortalecerá las medidas correspondientes a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. De igual forma, permitirá dotar de mayor capacidad de acción a la secretaría técnica del Sistema Nacional de Protección, al establecerla como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, agregó.
La asamblea aprobó, incorporar al dictamen diversas modificaciones que presentaron las comisiones unidas, a fin de agregar la obligación de establecer acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema educativo nacional, facilitar su reingreso y promover su egreso.
También se acordó que las autoridades correspondientes deberán diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones.
Con los cambios avalados por la asamblea, se estableció que las personas que ejerzan profesiones en trabajo social y psicología en instituciones públicas y privadas, que intervengan en procedimientos de adopción internacional, deberán estar registradas en el Sistema Nacional DIF.
“Como muestra indudable del compromiso ante este tema, se estableció la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, el cual será encabezado por el Presidente de la República”, manifestó el legislador.
El Sistema Nacional de Protección Integral deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en los casos en que menores sean víctimas de delitos y se les aplique los protocolos de atención de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.
