Comunicado
15:26 Diputados del Congreso local reiteraron su rechazo a la Ley SB 1070 del Estado de Arizona, que entrará en vigor el 29 de julio, por su evidente criminalización a la migración y consideraron de alta trascendencia vigilar y dar seguimiento a las condiciones laborales y en general los derechos humanos de paisanos oaxaqueños que buscan oportunidades de empleo y un futuro mejor para sus familias en el vecino país del norte.
En este sentido, la LX Legislatura se adhirió al acuerdo emitido por el Congreso del estado de Puebla para solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores denuncie ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mediante la Ley SB 1070 del Estado de Arizona, con la finalidad de que ambos organismos procedan en consecuencia.
El dictamen, aprobado por unanimidad y emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señala que esta medida atenta contra las garantías individuales de los connacionales que radican en ese estado y de quienes por su apariencia racial pudieran ser sospechosos de ser indocumentados.
Puntualiza que es legítimo que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, denuncie en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la flagrante violación a los derechos fundamentales de los migrantes puesto que son las instancias internacionales y diplomáticas las idóneas para promover la concordia y cooperación entre los países.
Por ello, para tratar de revertir las consecuencias de la Ley SB 1070 y también evitar una serie de iniciativas similares que están listas en el Congreso estadounidense, los legisladores acordaron apoyar que se presente un recurso ante la CIDH.
La Legislatura de Oaxaca manifestó su enérgico rechazo por criminalizar la situación irregular migratoria en la que se encuentran muchos trabajadores, principalmente hispanos en el estado de Arizona, y consideraron que esta medida no contribuye a resolver el fenómeno de la inmigración, misma que exige soluciones integrales y de largo plazo, sobre todo por su complejidad y por la gran demanda de mano de obra de mercados laborales transfronterizos.
