A partir de las reformas aprobadas al Artículo 80 de la Constitución Política estatal, el gobernador Gabino Cué Monteagudo deberá presentar a más tardar el 25 de noviembre de cada año la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con el contenido y los anexos que determine la Ley.
Esta iniciativa con proyecto de decreto fue aprobada por el pleno legislativo en la sesión ordinaria del 6 de junio pasado, a propuesta del diputado perredista Francisco Martínez Neri, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Con la modificación aprobada se armonizan los tiempos que marca la Constitución del Estado con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que el titular del Poder Ejecutivo presente el llamado “Paquete fiscal” al Congreso del Estado, explicó el Legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Así, el Gobernador del Estado entregará la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado a más tardar el 25 de noviembre de cada año, y no dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre como lo establece el texto actual.
El dictamen fue analizado previamente por los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales que preside el diputado Emmanuel Alejandro López Jarquín, del PRD.
La Comisión Dictaminadora tomó en consideración lo estipulado en la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece un nuevo término para que el Ejecutivo presente el proyecto de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado al Poder Legislativo, ajustando con ello el calendario para su aprobación y promulgación.
Además, se incorporan al marco jurídico por primera vez las previsiones de gasto por ramos autónomos y administrativos, incluyendo el plazo para la emisión de las reglas de operación de los programas que se autoricen en el presupuesto de egresos y respecto a la contabilidad gubernamental.
De esta forma, la administración de los recursos públicos deberá realizarse con base en criterios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas.
