* No se trata, de ninguna manera, de promover la represión policíaca y judicial, sino de demandar la aplicación de la Ley ante los ataques a terceros y la destrucción del patrimonio privado y público.
* El Gobierno de Salomón Jara les ha dado todo lo que han demandado con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la SEP, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
A 45 años del surgimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el Gobierno de Salomón Jara tiene oportunidad de dejar de estar secuestrado y ser rehén de esta.
Sería positivo precedente Aplicar la Ley a los activistas y milicianos de organizaciones radicales y dar de baja a normalistas, que buscan provocar enfrentamientos con la policía para tener mártires.
No se trata, de ninguna manera, de promover la represión policíaca y judicial, sino de demandar la aplicación de la Ley ante los ataques a terceros y la destrucción del patrimonio privado y público.
Pese a las intrigas palaciegas, garantizar seguridad a los oaxaqueños con la aplicación de la Ley a los sicarios de las Normales y organizaciones radicales, es obligación constitucional; no represión.
El Gobernador Jara está obligado a cumplir su deber de garantizar seguridad a sus gobernados, a riesgo de incurrir en responsabilidad política, administrativa y penal, por omisión y negligencia.
En estricto derecho, también está obligado a apoyar legalmente a los empresarios afectados por la destrucción de sus negocios, a fin de que denuncien a quienes resulten responsables de los daños.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero, y el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez aseguran que los activistas radicales que causaron destrozos están plenamente identificados.
Bajo ningún concepto se justifican las permanentes presiones y los chantajes de la Sección XXII del SNTE-CNTE y menos de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO).
El Gobierno de Jara les ha dado todo lo que han demandado con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la SEP, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
En múltiples ocasiones el Mandatario estatal ha gestionado mayores recursos con el presidente López Obrador, para atender las diversas demandas de las once escuelas Normales del estado.
Ante los hechos no hay palabras. En 2023 las Normales recibieron más de 72 millones de pesos adicionales y en lo que va de 2024 han recibido más de 45 millones de pesos en diversos apoyos.
Por la destrucción del patrimonio público y privado, particularmente restaurantes y bancos, el Secretario de Gobierno, Jesús Romero, pidió la intervención de la Fiscalía General del Estado.
La institución representante del Ministerio Público realiza peritajes y la recepción de denuncias de los afectados, para que los responsables sean detenidos y castigados con todo el peso de la ley.
El director general del IEEPO, Emilio Montero, dijo que el mismo sábado se inició el procedimiento de baja a los alumnos que participación en estos actos de vandalismo en la capital del estado.
Reiteró su rechazo a toda forma de manifestación violenta que atente contra los derechos de terceras personas y que afecta al patrimonio público y privado, pretendiendo desestabilizar la paz social en la entidad.
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