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El aplazamiento hasta 2031 de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prolongaría las afectaciones de juicios lentos y poco accesibles, especialmente para niñas, niños y adolescentes inmersos en conflictos familiares, advirtió el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza.
Durante el inicio del cuarto Foro Nacional sobre este ordenamiento, en Ixtlán de Juárez, el presidente de la Comisión para la Implementación señaló que los tiempos de preparación institucional tuvieron consecuencias para quienes esperaron una resolución judicial.
Explicó que cinco años pudieron representar para una institución un periodo de planeación, adecuación presupuestal y capacitación, pero para una persona significaron una oportunidad perdida, un patrimonio comprometido o una familia que se deterioró.
El magistrado cuestionó que la ley y las autoridades no dimensionaran los estragos emocionales que los conflictos familiares interminables dejaron en la niñez y adolescencia.
En su intervención, expuso situaciones como la de una madre que no recuperaría la infancia de sus hijos cuando llegara la justicia; una persona adulta mayor que quizá no alcanzaría a conocer la resolución de su controversia, o un campesino que no pudo poner en pausa la defensa de su tierra.
También planteó que las familias acudieron a las instituciones porque confiaron en ellas y necesitaron justicia, al margen de artículos transitorios, calendarios de implementación o disponibilidad presupuestal.
El encuentro, organizado por la comisión que presidió Díaz Carranza, dio continuidad a cuatro foros orientados al análisis jurídico, el diálogo entre instituciones y la participación de distintas voces para llevar la transformación de la justicia más allá del texto de una ley.
“El propósito de estos encuentros ha sido precisamente ese: que el Código se conozca, se sepa el impacto en nuestras vidas, se cuestione, se comprenda y, sobre todo, que se traduzca en mejores condiciones para quienes acuden a las instituciones en busca de justicia”, expresó.
Díaz Carranza sostuvo que estos espacios buscaron reunir experiencias y convertir el conocimiento jurídico en una herramienta de transformación, sin pretender agotar la discusión ni ofrecer respuestas definitivas.
“Las instituciones pueden modificar sus calendarios; los problemas de las personas no pueden esperar”, manifestó.
